Si el domingo fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien tachó de "ilegal" la intención del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular, ayer fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien advirtió al alcalde de la población de que no es "razonable" que un consistorio tome decisiones unilaterales fuera de la ley.

Si el domingo fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien tachó de "ilegal" la intención del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular, ayer fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien advirtió al alcalde de la población de que no es "razonable" que un consistorio tome decisiones unilaterales fuera de la ley. A los reproches se sumó el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien recordó que los extranjeros, aún en situación irregular, "tienen derechos y se les debe garantizar unos servicios sociales básicos". Inscribirse en el padrón es necesario para acceder a servicios públicos como la sanidad o la educación.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (Unió Democràtica), mantiene que la medida no es ilegal. Argumenta que la reciente modificación de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros obliga a los extracomunitarios a presentar un visado al entrar en España. "Si es la documentación que legalmente exige el Gobierno, la podemos exigir para el padrón", concluye, y responde a Corbacho que está mal informado. Vila d'Abadal gobierna en Vic bajo las siglas de CiU en coalición con Esquerra Republicana (ERC) y el Partit dels Socialistes (PSC).

Vic, con una cuarta parte de sus 38.000 habitantes de origen extranjero, es la cuna de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), liderada por Josep Anglada, que en las últimas municipales irrumpió en el consistorio con cuatro concejales. Anglada aplaude abiertamente la exclusión de los sin papeles del padrón. Ayer, el alcalde admitió que la presencia de PxC ha condicionado los criterios de empadronamiento, que se aplicarán en febrero.

La semana pasada, las direcciones de ERC y PSC cuestionaron la decisión de sus ediles, aunque con tibieza; CiU no opinó hasta este lunes, y se constató la divergencia en la federación. Mientras Convergència exigió a Vic "que cumpla la legalidad", Unió salió en defensa de su alcalde y desmintió que su política sea xenófoba. Desde la oposición en el Ayuntamiento y también desde la dirección del partido, los ecosocialistas de ICV han criticado la medida y hoy exigirán en el pleno previsto que sea retirada.

Quien guarda silencio sobre la cuestión es el Gobierno catalán. Ayer, los consejeros que ejercieron de portavoces del Ejecutivo tras su reunión semanal negaron repetidamente conocer los nuevos criterios de empadronamiento en Vic. "Todos los ayuntamientos tienen la obligación de inscribir a sus ciudadanos", se limitó a decir la consejera de Trabajo, Mar Serna (PSC). ¿Actuarán si detectan alguna irregularidad?, se les preguntó. "Ya lo veremos, por ahora no lo hemos estudiado ni hemos sido requeridos", respondió el titular de Cultura, Joan Manuel Tresserras (ERC).

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) sí ha anunciado que, de oficio, abrirá una investigación porque, de entrada, considera que negar el padrón a los extranjeros vulnera sus derechos. Entre otras voces críticas figuran también las de 40 asociaciones de Vic (que exigen la retirada de la medida y no descartan organizar protestas), el Colegio de Abogados de Barcelona o SOS Racismo.