La Xunta lleva ante el TC las ayudas estatales a integración de inmigrantes por "no respetar" las competencias

Presenta su séptimo requerimiento de incompetencia y nombra a los miembros gallegos en la comisión Xunta-Estado de transferencias

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno gallego interpondrá ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias al respecto de una convocatoria de ayudas para integración de inmigrantes debido que este concurso "no respeta" los intereses gallegos, tal y como detectó la Comisión de Seguimiento de disposiciones normativas del Estado y de otras comunidades autónomas.

   Concretamente, se trata de la resolución del 16 de julio de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones dirigidas a municipios, mancomunicades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

   De este modo, el Gobierno gallego argumentó que, ni en la resolución por la que se convocan las ayudas, ni la orden que recoge sus bases, existe una cita del título competencial en que se basa el Estado para la convocatoria de estas ayudas y por la cual toda su gestión se la encomienda a él.

   En este contexto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consello, que el Estado "no puede invadir en ningún caso" las competencias de Galicia y lamentó tener que interponer este recurso, pero defendió que "es la obligación" del Ejecutivo autonómico.

   Así, el máximo mandatario autonómico aseguró que la Xunta "defenderá con la misma intensidad la Constitución que un Estatuto constitucional, como es el de Galicia", y advirtió de que "a cada incumplimiento, se hará un señalamiento". "El Estatuto no sólo se defiende de palabra, sino con hechos", proclamó.

REQUERIMIENTO

   El pasado 29 de octubre, el Consello de la Xunta ya había formulado un requerimiento de incompetencia al Estado por considerar que esta resolución sería inconstitucional en su conjunto, por "obviar totalmente" la actuación de la Comunidad gallega, y que subsidiariamente había invasión competencial en varios artículos anexos de la norma.

   Posteriormente, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de noviembre, el requerimiento fue contestado por el Gobierno del Estado con una justificación sobre la constitucionalidad de la resolución. Sin embargo, la comisión de seguimiento no aceptó las razones ofrecidas por el Gobierno, porque consideró que "no se refiere a la inmigración en sentido estricto, sino a la integración" y, por lo tanto, a la asistencia social.

   Por otro lado, la Xunta formulará al Gobierno un requerimiento de incompetencia en relación a una convocatoria de ayudas para jóvenes desempleados, en cuya convocatoria se dan ayudas a la realización de programas específicos de formación e inserción laboral a favor de jóvenes sin trabajo en situación o con riesgo de exclusión social.

   Concretamente, este requerimiento se fundamenta en que la facultad de convocatoria pertenece a la dimensión ejecutiva o de gestión y, por lo tanto, corresponde a las comunidades autónomas y no prevé la territorialización de los fondos.

   Del mismo modo, la Xunta considera que se deben aplicar las reglas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al 'spending power' --poder de gastar-- del Estado, en el que se recoge que el gasto "no constituye un título atributivo de competencias y va unido a las competencias sobre la materia en la que incide".

SÉPTIMO REQUERIMIENTO

   Con éste, ya son siete los requerimiento de incompetencia desde que en abril el Gobierno autonómico accedió al Gobierno. Así, ya fueron objeto de este aviso un decreto estatal de ordenación del sector pesquero, una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, el decreto impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, el presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el formulado contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes y el impulsado por una resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad.

   El requerimiento sobre la orden de subvenciones en materia educativa fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.

   Sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal. Además, la semana pasada la Xunta anunció la presentación de un cuarto requerimiento contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.

   A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.

   Por otra parte, el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.

   La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia.

COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS

   En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta aprobó hoy el nombramiento de los representantes gallegos en la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en la que estarán los conselleiros de Facenda (Marta Fernández Currás); Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Agustín Hernández); Economía e Industria (Javier Guerra); Educación e Ordenación Universitaria (Jesús Vázquez); Sanidade (Pilar Farjas); y Cultura e Turismo (Roberto Varela) en puestos de vocales.

   Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ostentará la vicepresidencia de la comisión, cuya presidencia corresponde al Estado. Además, el director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Roberto Castro, ejercerá de secretario.

   Del mismo modo, también se integraron en el órgano un representante por cada grupo parlamentario de la Cámara gallega, de manera que Antonio Rodríguez Miranda representará a los 'populares', José Manuel Lage Tuñas a los socialistas y Anxo Quintana a los nacionalistas.