En lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en la necesidad de que la Administración local disponga de un protocolo de actuación para responder a casos como el planteado por la inmigrante colombiana Olga Contreras, que dispone de una oferta de empleo pero ha encontrado problemas para obtener un informe de arraigo positivo.

Las instrucciones del Ministerio de Trabajo se antojan lo suficientemente vagas como para dar lugar a problemas de interpretación. Esto es, por ejemplo, lo que venía sucediendo en el Concello de Vilagarcía, en el que, a la hora de emitir un certificado de estas características, se aplicaba el período mínimo que la ley de extranjería requiere para la expedición de una tarjeta de residencia: tres años de empadronamiento. Este criterio fue modificado en agosto, junto a la orden de eliminar los envíos de documentación negativa a la Policía Nacional. La concejalía de Servizos Sociais marcó, entonces, un plazo mínimo de residencia de seis meses en el municipio para la resolución positiva de los expedientes.

No obstante, incluso esta decisión ha generado discusiones internas en el Concello. De ahí el interés que la responsable del departamento, la nacionalista Ana Lorenzo, ha tomado en la elaboración de un protocolo que marque criterios objetivos para encauzar este tipo de procesos. Además del plazo de seis meses de empadronamiento, el documento tendrá en cuenta la existencia o no de una oferta de trabajo, además de otra serie de aspectos. La intención de la concejala es, en último término, constituir en Vilagarcía una oficina de asesoramiento para inmigrantes y emigrantes retornados.