Cáritas cree que con la reforma de la LOEX retroceden los derechos de los inmigrantes
Cáritas Diocesana de Ciudad Real quiere volver a poner el acento en el hecho de que la reforma de la Ley de Extranjería que quiere llevar a cabo el Gobierno español va a suponer un retroceso importante en los derechos de las personas inmigrantes.
Esta organización insiste en que con la nueva LOEX la sociedad también retrocede y se refuerza la percepción del inmigrante como mercancía. Cáritas identifica serias objeciones al proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio.
Momento poco oportuno
En primer lugar, esta organización de la Iglesia Católica considera poco oportuno el momento elegido para acometer esta reforma, ya que el legislador “debería haber tenido en cuenta el especial contexto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país y los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Junto a ello, considera que no ha habido “un suficiente y adecuado proceso de consulta previo” y expresa su sorpresa ante el procedimiento escogido para su tramitación parlamentaria sea por la vía urgente, que limita el período para la presentación de enmiendas, y que se haya hecho coincidir con el período estival.
Recorte de derechos y retroceso legal
“Examinando con detenimiento los dos argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma --los imperativos de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la normativa europea-- no encontramos explicación para el recorte de derechos que se ha introducido”, tal y como se recoge en el documento que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos, nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, que han elaborado Cáritas Española y las organizaciones CEAR y Acoge.
En este sentido, Cáritas valora de forma positiva “que se reconozcan los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular”, alerta sobre el hecho de que “el proyecto aproveche esta ocasión para recortar otros”, especialmente en lo que se refiere al acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar. A todo ello se añade también las serias restricciones que se introducen en el funcionamiento de los centros de internamiento para extranjeros y en el régimen sancionador para el migrante y el empleador.
Otro tanto sucede con la transposición de la normativa europea a las leyes españolas, que para Cáritas se lleva a cabo “restringiendo derechos” en contra de la política de la UE, que “no obliga a ningún recorte de derechos”.
Para esta entidad, el Proyecto de reforma, que en el pasado jueves, fue aprobado en el Congreso y que ha admitido algunas aportaciones de Cáritas, CEAR y Red Acoge, especialmente la que permite la posibilidad de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.
Construir una sociedad de acogida y evitar el riesgo de xenofobia
“No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente”, recuerda Cáritas, que defiende una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración.
Al mismo tiempo, Cáritas apuesta por una reforma de la LOEX que sirva para, por una parte, enviar a Europa “un mensaje de cohesión social en tiempos de crisis, un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”. Y, por otra, para transmitir “a nuestra sociedad un mensaje integrador de alerta contra la xenofobia y el racismo, que ataje el riesgo cada vez más visible de incremento de racismo y xenofobia, de utilización, una vez más, al inmigrante como chivo expiatorio en tiempos de crisis”.
Jornada de formación
Ayer, más de cuarenta trabajadores de Cáritas, se reunieron en una jornada de formación para abordar las consecuencias que producirá, para las personas inmigrantes, y también para nuestra sociedad, la nueva legislación en materia de extranjería. Una Ley que es fruto de un modelo de sociedad que ha mostrado y se empeña en seguir mostrando progreso y extraordinaria riqueza, al tiempo que los índices de desigualdad y pobreza apenas se han reducido en la última década.
Así mismo, durante la jornada, en la que participaron técnicos de Caritas Española, se ha puesto de manifiesto la postura de Cáritas en relación a la presencia de personas inmigrantes en nuestro país y que es la que nace de la libertad de las personas para desarrollar su propio proyecto migratorio,no elegido, en la mayoría de los casos, pero siempre desde su libertad como personas. Caritas, en este sentido, trabaja por acoger y acompañar a las personas inmigrantes y a sus familias para que la incorporación a la sociedad que acoge no afecte a sus derechos y a su divinidad como personas.
