M. VÁZQUEZ | SANTIAGO La llegada de retornados a Galicia se ha frenado en seco. El año pasado volvieron a la comunidad 4.385 emigrantes, la cifra más baja al menos desde 1992 -el último año del que existen datos oficiales- y cuatro veces menos de los que regresaron a Galicia entre 2001 y 2002 tras decretarse el Corralito en Argentina, una decisión que marcó el inicio de la peor recesión económica en la historia del país austral. La avalancha de retornados con la que arrancó la década, sin embargo, parece haber quedado atrás y en los últimos seis años el flujo de emigrantes no ha dejado de disminuir. Se trata de una tendencia común al conjunto de España, donde el año pasado regresaron 31.388 emigrantes frente a los 35.129 del año anterior.

Aunque a simple vista pudiera parecer lo contrario, la crisis económica poco o nada tiene que ver con esta notable reducción de los retornos. Fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sindicatos achacan este descenso principalmente a las características particulares de la emigración gallega y a los vaivenes políticos, sociales y económicos que han sufrido los países de acogida en los últimos años. "Al igual que las elevadas cifras de retornados de otros años no tuvieron nada que ver con el periodo de bonanza económica que se vivió en España, tampoco la crisis tiene nada que ver con esta reducción. Porque por muy mal que estemos aquí siempre estaremos mejor que en Venezuela o Cuba", explica Xurxo Martínez Crespo, responsable de CIG Migración en A Coruña.

La recuperación económica y la estabilidad social de algunos de los países suramericanos que más retornados desviaron a Galicia en los últimos tiempos, sumado a una cuestión generacional, ya que la mayoría de los emigrantes que marcharon antes de la década de los 60 ya están jubilados o muertos, explican este paulatino descenso de retornos.

Crisis graves como la que vivió Argentina a principios de esta década, la inestabilidad política y social que caracterizan a países como Venezuela o Cuba y las últimas reformas legislativas acometidas en Suiza para favorecer el retorno de los emigrantes jubilados explican algunos de los picos que experimentó este fenómeno en la última década.

Desde 2003, sin embargo, el flujo de emigrantes gallegos no ha dejado de caer y lo ha hecho en las cuatro provincias. De los 4.385 gallegos retornados en 2008, el 42,5% -un total de 1.864- volvió a A Coruña, otros 1.350 a Pontevedra, 844 a Ourense y sólo 327 a Lugo. Los sindicatos apuntan que detrás de esta tendencia a la baja también se esconde el final de un ciclo, que coincidió con las jubilaciones del grueso de los emigrantes gallegos. Pero también lo vinculan a la falta de incentivos para el retorno y a requisitos que califican de "restrictivos", sobre todo, a la hora de acceder a pensiones asistenciales y a las ayudas de Xunta y Gobierno para el retorno. "Hay normas de retorno abusivas, como el requisito de acreditar 10 años de vida laboral en España para poder acceder como retornado a una pensión no contributiva. ¿Quién se va a venir aquí con 80 años, una pensión argentina de 70 euros al mes y sin tener ni siquiera derecho a medicinas gratis?", explica Martínez.

Los sindicatos, sin embargo, avisan de que el fenómeno migratorio "aún no ha tocado fondo en Galicia" y creen que a medio plazo la cifra de retornados puede volver a crecer si cambian las circunstancias en sus países de acogida.

El perfil del emigrante retornado también empieza a cambiar. Si el "retorno natural" y por definición solía referirse a emigrantes que ya habían alcanzado la edad de jubilarse, ahora el fenómeno se extiende a descendientes de primera y segunda generación. Son los llamados "falsos retornados", gente sin vínculos con España y que normalmente nunca estuvo en el país pero que por sus orígenes familiares tienen derecho a la nacionalidad.

Por unas causas o por otras, la realidad es que el flujo de retornados lleva cinco años cayendo y a pesar de las previsiones del Gobierno central, parece que seguirá siendo así. Tras la inclusión en el año 2008 de una disposición adicional en la ley de memoria histórica para ampliar la nacionalidad a los nietos de exiliados, se pronosticó una auténtica avalancha de solicitudes ya que el Gobierno calculaba que en todo el mundo habría 1,5 millones de potenciales beneficiarios. Sin embargo, la medida no ha tenido las repercusiones previstas, como reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Y es que hasta el pasado mes de junio sólo se habían aprobado 26.000 solicitudes.

Xurxo Martínez atribuye este fracaso a las "restricciones" temporales introducidas en la norma, que sólo reconoce el derecho a la nacionalidad a aquellos nietos o hijos de españoles que salieran del país entre los años 1936 y 1955.