Madrid, España, jueves 24 de septiembre de 2009 (AP).— El gobierno español se defendió el jueves de las críticas que está recibiendo por su proyecto de reforma de la ley de extranjería y reiteró que su objetivo es favorecer una inmigración vinculada con las necesidades del mercado laboral y no recortar derechos.
En un desayuno informativo en Madrid, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló que la normativa remitida al parlamento pretende crear un marco adecuado para una política migratoria sostenible.
“En este país no vamos a echar a nadie y menos si está desempleado”, dijo Corbacho. “La inmigración ha de ser legal, ordenada, regular y vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, y en coordinación con las políticas europeas sobre la materia”.
Corbacho recordó que en España viven más de 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población, y que es necesario adaptar el marco normativo a la nueva realidad del país.
El proyecto de reforma de la ley de extranjería, presentado por el gobierno socialista en junio, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento.
Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.
En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.
La nueva ley se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año.
El ministro defendió todas las reformas planteadas y aseguró que el gobierno no está vulnerando derecho alguno.
“Apostamos por la legalidad y la regularidad de los flujos migratorios”, aseguró en relación a las críticas de asociaciones de inmigrantes.
Por otro lado, se mostró satisfecho por el, a su juicio, buen funcionamiento del plan de retorno voluntario, puesto en marcha por el gobierno hace 10 meses para favorecer el regreso de inmigrantes desempleados a sus países de origen.
Según datos del ministerio, unas 7 mil 330 personas se han acogido hasta la fecha al plan, que permite capitalizar en dos únicos pagos la totalidad del subsidio por desempleo que corresponda a los inmigrantes retornados.
El año pasado, el gobierno calculó que al menos 25 mil extranjeros tramitarían una solicitud. El plan exige el compromiso de no regresar a España al menos durante tres años.
“Este programa fue diseñado con el fin de ampliar el ámbito de derechos y de oportunidades de los trabajadores inmigrantes, con el objetivo de potenciar la migración circular”, añadió. “Hoy podemos afirmar que está cumpliendo los objetivos propuestos”.
