Uno de cada tres presuntos menores inmigrantes resultó ser adulto tras las pruebas de edad

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FGE afirma que en la mayoría de los casos es "imposible" repatriar menores y denuncia que la Administración interpreta la ley de forma que "limita" sus derechos

   MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Las pruebas de determinación de edad (test oseométrico) que ordena la Fiscalía para concluir si un inmigrante llegado de forma clandestina a España ha cumplido o no los 18 años desvelaron en 2008 que un 30 por ciento de quienes habían sido identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos, conforme datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado recogidos por Europa Press.  

   En concreto, las Fiscalías territoriales de España incoaron en 2008 un total de 3.854 expedientes para determinar la edad de 3.883 supuestos menores inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular y sin la tutela de ningún adulto. De las personas sometidas a la prueba, el 35,67% (1.375) ya había cumplido los 18 años, mientras que el 67 por ciento (2.279 personas) aún no lo había hecho.

   Sin embargo, no siempre se practica la prueba de edad. La Fiscalía destaca como "llamativo y preocupante" que en muchos casos los supuestos menores presentan documentación expedida en su país de origen que refleja una edad "manifiestamente inferior" a la que aparentan y que, en respuesta, las autoridades entregan directamente a un centro de protección sin realizar el análisis o han incoado diligencias periciales para acreditar la validez de la documentación.

   En total, el año pasado fueron identificados 1.087 menores inmigrantes en pateras y cayucos, cifra que se vio reducida a 995 una vez aplicadas las citadas pruebas de determinación de la edad. Este millar de chicos procedían de países africanos (Marruecos, Malí, Mauritania, Guinea Conakry, Nigeria, Senegal, Argelia y Gambia) y arriesgaron "muy seriamente sus vidas, hasta tal punto que nadie puede ser capaz de determinar cuántos han perecido en su intento", según la Fiscalía.

   En el informe la institución dice desconocer cuántos expedientes de expulsión de menores inmigrantes fueron incoados el año pasado por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias españolas. Sin embargo, con datos de las Fiscalías territoriales, concluye que fueron iniciados 515 procedimientos informados por los fiscales en 131 ocasiones, en el 90% de los casos, de forma desfavorable.

   Esto se debe a una serie de "defectos procedimentales" apreciados por la Fiscalía de Extranjería, el más grave de los cuales es "la omisión del preceptivo trámite de audiencia del menor" que debe realizar quien instruye el expediente. "Sin embargo, el obstáculo definitivo e infranqueable lo constituye la falta de colaboración de las autoridades consulares de dónde son nacionales los menores afectados", explica la institución.

"PARALIZACIÓN DE LAS REPATRIACIONES"

   En este sentido, la Fiscalía advierte de "una importante paralización de las repatriaciones" de menores inmigrantes no acompañados y señala que, frente al millar de niños africanos llegados a las costas españolas, en 2008 se produjeron 10 repatriaciones (un 61% menos que en 2007), de las cuales sólo una tenía destino a un país de África (Guinea Ecuatorial).

   "La realidad demuestra que en la mayoría de los casos, incluso desde la misma fase de instrucción del procedimiento administrativo, puede quedar perfectamente constatada la imposibilidad de ejecutar la repatriación del menor a su país de origen, pues resulta patente que no van a cumplirse todas y cada una de las exigencias del Reglamento de Extranjería", explica el informe.

   Así las cosas, según la Fiscalía "no se comprende" cómo es que algunas autoridades autonómicas y la Administración General del Estado no adoptan "las correspondientes iniciativas conducentes a la documentación de aquellos menores inmigrantes no acompañados", conforme indica la legislación vigente, que obliga al Gobierno a conceder autorización de residencia al chico cuando no se pueda ejecutar su repatriación.

   "Lejos de llegar a esta solución, muchos responsables autonómicos como la propia Dirección General de Inmigración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración han establecido una exégesis que limita considerablemente los derechos de los menores tutelados", denuncia el informe, para señalar que se produce "tal demora" en la concesión de las autorizaciones que "en demasiadas ocasiones" el menor deja de serlo y pasa a convertirse en un adulto 'sin papeles' ni posibilidad de acceder a ellos.