NOEMIE OLIVE

 

El inicio de la recuperación económica tras la pandemia sitúa a Francia en una gran paradoja: cuenta con 1,5 millones de ciudadanos inscritos en el paro y que llevan más de 15 meses sin trabajar y, sin embargo, al mismo tiempo, la mitad de los empresarios se quejan de las dificultades que encuentran para cubrir 400.000 ofertas de trabajo.

 Lo que ha hecho el Gobierno es asumir los consejos del Tribunal de Cuentas, que hace un año ya sugería que se «modernizase y diversificase» la filial de inmigración profesional siguiendo el modelo canadiense basado en «objetivos cuantitativos plurianuales» y «un sistema de selección individual», y que se pusiera al día la lista «obsoleta» de las profesiones abiertas a la inmigración profesional.

Los que más sufren de esta falta de mano de obra son los trabajos de ayuda a domicilio, transporte y logística, obreros no cualificados de la industria, de la construcción, comercio y empleados en la restauración. En general, se trata de profesiones calificadas de «coercitivas», aquellas que imponen unas condiciones físicas, como trabajar en días no laborables, con un ritmo repetitivo o en horarios fuera de los habituales, y que en su mayoría las llevan a cabo trabajadores extranjeros.

Los inmigrantes no procedentes de países de la Unión Europea que quieran acceder a estos puestos deben tener también en cuenta que la prefectura de una región puede negarles el permiso de trabajo si consideran que el nivel de paro es demasiado importante en la zona.