Representantes de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer) están pendientes de mantener una reunión con el subdirector general de Emigración, José Julio Rodríguez, al objeto de trasladarle el malestar de los pensionistas retornados de Alemania a los que la Hacienda de ese país lleva más de un año reclamando un impuesto del 5% del importe bruto de su pensión alemana.

Según la presidenta de la Feaer, Eva Foncubierta Cubillana, en la Dirección General de Migraciones (que derivó el asunto a la Subdirección General) se mostraron muy receptivos a la propuesta enviada por este organismo y les convoca a mantener contacto con el titular del departamento e Emigración tan pronto como se ponga fin al estado de alarma decretado por el Gobierno para luchar contra el Covid-19.

La tasa del 5% la viene reclamando el país germano en virtud del acuerdo hispano-alemán firmado en 2011 entre ambos gobiernos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y el patrimonio, del que se deduce que los pagos efectuados a un pensionista por parte de Alemania pueden someterse a imposición también en ese Estado.

Esta suma del 5% queda fijada por la percepción de cantidades durante el periodo que va del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2029. A partir del 1 de enero de 2030, el impuesto exigido se elevará hasta el 10% del importe bruto de los pagos.

La Feaer no entiende “cómo un convenio para evitar la doble imposición recoge la posibilidad de aplicar la doble imposición y obliga a decenas de miles de emigrantes y retornados españoles a tributar en dos países distintos”.

Al respecto, en escrito remitido a los grupos parlamentarios del Congreso el pasado año, la Federación ya deja al descubierto los problemas que la reclamación de esas cantidades supone para el colectivo afectado, a los que describe como “personas mayores con recursos económicos limitados y sin conocimientos tributarios, que han de buscar ayuda en asesorías privadas”.

Con la aplicación del acuerdo, la Hacienda alemana les reclama la tributación del 5% con efecto retroactivo desde el año 2015, con el consiguiente recargo y bajo amenaza de sanción si no cumple con los establecido.

Ello supone para el afectado iniciar un proceso engorroso con la Agencia Tributaria española, a la que ya declaró esa cantidad percibida en Alemania. Por ello, según la Federación, “ha de iniciar un proceso de revisión, modificación, rectificación, solicitud de devolución, traducción jurada, etc. de las declaraciones presentadas en los últimos años”, con la incomodidad que ello les supone. Y, “en el mejor de los casos, se producirá la devolución”, recoge el escrito.

La Feaer considera que son muchas las personas afectadas por la aplicación de este acuerdo, que somete al contribuyente a una “doble imposición”. A su entender, con esta medida, Alemania persigue que los más de diez millones de alemanes que viven fuera de sus fronteras, de los cuales, alrededor de 140.000 residen en España, contribuyan a las arcas del Estado. El convenio contempla la tributación de esos miles de pensionistas alemanes residentes en España y, de igual modo, obliga a los retornados con pensiones procedentes de Alemania a tributar en ese país, denuncia la Feaer, que propone la eliminación del artículo 17 del acuerdo, o, en su defecto, se modifique y solo sea de aplicación a los ciudadanos alemanes.

En la reunión con los grupos parlamentarios se acordó, según Foncubierta Cubillana, elevar la cuestión al Ministerio de Hacienda para abordar la cuestión con la ministra, María Jesús Montero, pero los problemas derivados del coronavirus lo impidieron y en la Federación están a la espera igualmente de que se normalice la situación para recabar el parecer de la ministra al respecto y empujarla a que se agilice el proceso para que los afectados puedan resolver su situación a la mayor brevedad.

El problema de los retornados de Alemania con la Hacienda de ese país se produce al poco de que los retornados españoles libraran otra batalla con la Agencia Tributaria española que, en 2013, inició un rastreo masivo a los retornados con pensiones en el extranjero para que tributasen por ellas con efecto retroactivo de los cuatro años anteriores, lo que les reportó, además, multas e intereses de demora.