El Consejo de Ministros de este pasado martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que, entre otras cosas, dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos.

En el Capítulo III del Título II de la normativa, referido a políticas integrales de Memoria Democrática, se recogen las medidas de reparación. Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. “Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza”.

El texto contiene 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“El objeto de esta Ley –explica el Gobierno– es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”.

La norma que arranca ahora su tramitación, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanza en la senda que ya abrió la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El texto también recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas.

Asimismo, el anteproyecto declara ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.

La vicepresidenta primera ya avanzó la semana pasada que esta iniciativa también servirá para poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos, reconociendo así el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, y a la identificación y sepultura digna, dando traslado al Ministerio Fiscal los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.

Por otra parte, el anteproyecto contempla la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura –siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas–; así como de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para recibir y almacenar el ADN de víctimas y familiares, a fin de contribuir a la identificación genética de las víctimas.

También se creará una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; se revisarán las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el franquismo; y se recuperará el Valle de los Caídos para su gestión por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo.