El País. Madrid - 06 ago 2020 -

Imagen de un centro de acogida para solicitantes de asilo habilitado por del Ayuntamiento de Madrid. David Fernandez / EFE

La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, ha acelerado el ritmo para cerrar las decenas de miles de casos pendientes que viene acumulando desde 2018. Hasta agosto se habían resuelto 82.128 demandas de asilo –la inmensa mayoría en contra– e Interior pretende estudiar al menos otras 60.000 hasta que acabe el año. Si se cumplen sus previsiones, se habrá más que duplicado la actividad de 2019, cuando se resolvieron 62.398 solicitudes. España, con más de 105.000 casos abiertos, es uno de los países europeos con más expedientes en los cajones, una deficiencia que ralentiza todo un sistema que tarda hasta dos años en dar respuesta a los interesados y que contribuye a saturar la red de acogida.

A diferencia de sus principales socios europeos, España no era un país para refugiados, pero ese escenario comenzó a cambiar hace dos años. La llegada de venezolanos, colombianos y centroamericanos, que emigran por la violencia e inestabilidad de sus países, ha llevado al país a convertirse a principios de año en el socio de la UE con más solicitantes de asilo. En lo que va de 2020 y a pesar de las restricciones fronterizas impuestas por la pandemia ya hay más de 50.000 peticiones de asilo. El récord, de momento, se batió en 2019 con casi 120.000

Solicitudes de asilo en España

En 2019

118.446

En 2020

51.581*

(*) Hasta el 26 de julio

Principales nacionalidades

Seis nacionalidades suman más del 80% de las solicitudes presentadas en 2020 hasta mayo

Venezuela

32%

Colombia

32%

Honduras

7%

El Salvador 3%

Nicaragua 3%

Perú 6%

Fuente: ACNUR y Oficina de asilo.

EL PAÍS

La Oficina de Asilo, con el mismo personal y el mismo sistema informático desde 1992, no estaba preparada para el nuevo escenario y ha tenido que asumir una gestión de crisis para evitar el colapso. El ministro Fernando-Grande Marlaska puso en marcha un plan de choque que incluía una oferta de empleo de 231 plazas y la modernización de la aplicación informática, pero el impacto de su puesta en funcionamiento no se verá hasta, por lo menos, el año que viene. Con el sistema actual, por ejemplo, los miles de expedientes resueltos no pueden ser firmados de una sola vez, sino que debe hacerse en tandas limitadas para evitar que se cuelgue la aplicación.

La última comisión interministerial en la que se resuelven los casos ya instruidos se celebró en agosto y se elevaron 19.730 expedientes, la más numerosa de este año. Se negaron, sin embargo, casi el 60% de todos ellos. Sí se reconoció algún tipo de protección a 668 personas y se concedió un permiso por razones humanitarias, un beneficio concedido en su mayoría a venezolanos, a más de 7.000 personas.

La mayoría de las resoluciones en España niegan la protección internacional a los demandantes de asilo. El perfil de los solicitantes en España, más parecido al de EEUU que al de Francia o Alemania, no responde en muchos casos a los requisitos que establece el Convenio de Ginebra para convertirse en refugiado. Tampoco para obtener la llamada protección subsidiaria, una figura que aun no dando la máxima cobertura, reconoce el peligro del interesado de volver a su país y permite la residencia y el trabajo legal en España, además de la asistencia necesaria. Las organizaciones de atención al refugiado, sin embargo, reivindican que esos criterios sí pueden aplicarse a muchos perfiles como los centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas y no están amparados por sus Estados. Esta circunstancia sitúa a España entre los países que menos solicitudes reconocen —apenas un 5%— y la coloca al nivel de Hungría, un país que ha promovido desde su Gobierno una política antimigratoria.

La capacidad para inscribir, estudiar y resolver, favorable o desfavorablemente, las demandas de asilo es fundamental para que se protejan los derechos de los solicitantes que, en situaciones de precariedad, se ven obligados a enfrentarse a plazos desorbitados para poner sus papeles en orden. Por otro lado, la saturación y los plazos dilatados del sistema se han sumado a la dificultad para emigrar a España de forma legal y ha supuesto que el sistema de asilo se haya convertido en una alternativa para poder vivir y trabajar legalmente en España. Mientras se resuelve su solicitud, el solicitante de asilo puede residir en el país y a los seis meses tiene derecho a trabajar.