Consuelo Rumí defiende la reforma de la Ley de Extranjería, que ya ha sido enviada al consejo de Estado, y que "da respuesta no sólo al hoy sino también al mañana de la inmigración"

PINO ALBEROLA. ALICANTE ¿En qué proceso se encuentra la reforma de la Ley de Extranjería y qué plazos maneja el Gobierno para su aprobación definitiva?
Hace una semana que fue enviada al Consejo de Estado, que es el último trámite perceptivo. La intención es que sea lo antes posible para poder abordar el proceso en el ámbito parlamentario de tal manera que antes de que acabara el año estuviera aprobada.
¿Cuál es su espíritu?
Pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración. Hasta hace 5 años el ámbito de la inmigración sólo incluía todo aquello que tenía que ver con la Extranjería, es decir, la mera documentación. No había una política integral que abordara control de fronteras, lucha contra la inmigración clandestina,... Después de ver lo que ha pasado en los países de nuestro entorno España decidió apostar por un modelo intercultural. Lo que hacemos ahora con la reforma es trasladar esa política integral al marco de una ley orgánica. Se trata de trasladar lo que hemos hecho con el acuerdo del Diálogo Social, que ha demostrado que es bueno y que es útil en épocas de expansión y en épocas de contracción del empleo. El espíritu de la reforma es ese y añadiría que es una reforma equilibrada, garantista, que lleva consigo seguridad jurídica y estabilidad normativa. Es una ley moderna, que da respuesta no sólo al hoy, también al mañana de la inmigración.
Sin embargo, hay aspectos de ella que están siendo muy cuestionados, como la reagrupación familiar
Es cierto que ha habido una modificación en el texto que hemos enviado al Consejo de Estado. Es una modificación que, en mi opinión, demuestra la flexibilidad del Gobierno. En esta ley queda claro que los derechos fundamentales son para todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Pero luego hay una serie de derechos que se van adquiriendo en función del tiempo que uno lleva en nuestro país. Hasta aquí lo único que hemos hecho es ampliar.
¿Y respecto a los ascendientes?
Creemos que el ascendiente debe venir cuando tenga más de 65 años y las condiciones que concurran sean las adecuadas. No queremos que un ascendiente venga a España como ascendiente pero que su objetivo sea, por ejemplo, trabajar. Si alguien viene a España para trabajar debe venir con un contrato en origen a través de los mecanismos que existen. Es verdad que ha habido muchas peticiones por parte de las ONG de que se estudiara si un ascendiente no tuviera aún 65 años pero las circunstancias que concurrieran aconsejaran ese reagrupamiento. En este sentido hemos hecho una modificación en el texto que ha entrado al Consejo de Estado.
¿Endurece el nuevo texto las sanciones para los irregulares?
No. Las sanciones que aumentan son respecto a los traficantes, para quien utiliza a los inmigrantes. La única modificación respecto al irregular es que se incrementa el periodo de internamiento. Necesitamos un poco más de tiempo, sobre todo para las repatriaciones que tienen que ver con los asiáticos, porque son muy complejas.
Los sindicatos dicen que no se ha contado con ellos para la reforma de la Ley, rompiéndose el Diálogo Social.
Con los sindicatos se ha trabajado y se ha acordado la parte del texto que tiene que ver con el tema laboral. Lo que hemos hecho es trasladar todo lo
que teníamos acordado con ellos al texto legal. Lo han visto y estaban de acuerdo. Bien es cierto que el texto en su conjunto no podía ir al Diálogo Social porque éste sólo está afectado por el ámbito laboral. El resto del texto, todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, no es un tema de
Diálogo Social.
¿Qué contesta a quienes acusan al Gobierno de haber cambiado su política migratoria con la crisis?
Que no tiene nada que ver con la realidad. Se ha demostrado su eficacia, como he dicho antes, en épocas de expansión y en épocas de contracción. Esos instrumentos nos dicen cómo y cuándo podemos contratar, con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. El catálogo ha bajado mucho sus ocupaciones, aunque siguen habiendo y por lo tanto sigue habiendo contrataciones en el extranjero. El ajustar la llegada en función del mercado laboral era algo que ya existía, lo que ocurre es que hasta este año no lo hemos visto reflejado.
¿Se arrepienten del último proceso de regularización?
No. El proceso de normalización fue para los trabajadores, pero también para los empresarios. Los empresarios fueron los primeros que quisieron, porque necesitaban trabajadores legales y no los podían tener porque el Gobierno anterior no facilitó esa llegada de legales. Por tanto fue un proceso consensuado por todos. Pero además, es que se necesitaban esos trabajadores. Lo que estamos haciendo ahora es priorizar la contratación interna. Antes que contratar en origen vamos a recolocar a aquellos que se han quedado en el paro.
¿Y alguna medida para ayudar a los inmigrantes que se han quedado en paro y ya no cotizan?
Las medidas son las mismas para españoles y para extranjeros. El nuevo modelo productivo que se pone en marcha también les afectará.... y por ahí es por donde vamos a salir de la crisis. El inmigrante no es el responsable de la crisis, es una víctima más y si me apura la más vulnerable porque carece de redes sociales y familiares.
Respecto a este plan de retorno, hay quien lo ve como una forma de vincular crisis e inmigración.
Creo que es una interpretación completamente alejada de la realidad. El retorno es un derecho, es una opción y por lo tanto no se obliga a nadie. Es la única medida que afecta sólo a los inmigrantes pero también ofrecemos el retorno para los españoles que se fueron. Y ahí está, como un derecho más, una opción más. Quiero recordar además que desde 2003 existe un programa de retorno para situaciones de vulnerabilidad.