Extranjería frena el intento para convertir a Lavacolla en coladero de inmigrantes ilegales hacia Reino Unido

Más de un centenar de detenciones en aeropuertos "con tránsito mediano" como Alicante, Gran Canaria, Lanzarote, Ibiza, Granada, Tenerife, Santander o Santiago y sobre dos centenares en las grandes terminales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga se llevaron a cabo a lo largo de 2018 como resultado de una compleja investigación policial a escala nacional en la que tuvieron papel destacado agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Santiago de Compostela.

Este grupo, dirigido por el inspector jefe Castor Vázquez, tuvo una labor fundamental ya que lograron interceptar a 19 personas, todas ellas de origen extranjero, que pretendían burlar los controles en Lavacolla y viajar al Reino Unido con pasaportes falsificados, y de esta forma impidieron que Lavacolla se convirtiera en una auténtico coladero, como era intención de las mafias.

La última parte de esta operación en la capital gallega, de la que dio cuenta nuestro periódico el pasado 8 de diciembre se saldó con la detención de cinco personas que estaban dispuestas a viajar con documentación fraudulenta con destino a la capital irlandesa de Dublín y a Londres.

Estos individuos, como los 14 apresados a lo largo del año, procedían de países del Este Europeo (georgianos, rumanos o albaneses), de China o de Irán.

Al mismo tiempo se llegó a la conclusión de que se intensificaba el tránsito de personas con destino a los distintos países del Reino Unido ante el temor a que con la llegada del brexit, y con la salida de Gran Bretaña de la Unión europea, vayan a aumentar también los controles tanto en los países del espacio Schengen como en el destino en las islas Británicas.

ACTUACIÓN CONJUNTA. Las investigaciones, que fueron realizadas por los distintos grupos de Extranjería de la Policía Nacional con competencias en los aeropuertos, comprobaron que ciudadanos nacidos en países de la Europa del Este, de las antiguas repúblicas soviéticas y chinos, estaban llegando a nuestro país, tanto por tierra como a través de enlaces de aeropuertos menores de Francia, Alemania o Italia con documentación que había sido robada o falsificada.

La organización mafiosa facilitaba a estos sujetos, a cambio de una tarifa plana que oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros, los documentos necesarios y billetes de transporte interno y de avión en compañías low cost (todos ellos legales) así como las instrucciones sobre los trámites a realizar en los controles.

Paralelamente se pudo comprobar (aunque aún no se desarticuló) que una rama de esas organizaciones de tratas de seres humanos, con su centro de operaciones en Dublín, se ocupaba de los individuos que superaban los controles y llegaban a las islas.

Con lo que no contaban estas bandas es que en Santiago se modernizó el sistema de detección de pasaportes falsos con medios técnicos más modernos y el personal de la Brigada de Extranjería se puso al día con lo que se pudo abortar el intento de convertir a Lavacolla en un coladero de inmigrantes ilegales, un buen número de ellos menores de edad, con destino al Reino Unido.

Al incrementarse los controles en Santiago, las organizaciones mafiosas aparcaron el experimento, No obstante los agentes de la Comisaría compostelana no bajan la guardia y continúan formando parte del grupo de Extranjería que está investigando a estas redes de inmigración ilegal.

MODUS OPERANDI. Todos los detenidos en Santiago de Compostela, como los que fueron apresados en aeropuertos como Alicante, Gran Canaria, Ibiza, Granada, Lanzarote o Santander, eran albaneses, georgianos, chinos o iraníes y siempre viajaban hacia Dublín, Edimburgo o aeropuertos ingleses en compañía de bajo coste.

Los chinos llevaban pasaportes sustraídos en Taiwan o a ciudadanos japoneses; los detenidos originarios del Este de Europa portaban documentaciones robadas en Italia, Francia o Alemania, pero la mayor parte de ocasiones a personas naturales de países como Rumanía, Hungría, Croacia o Chequia.

Todos ellos carecían de otro tipo de documentación y estaban perfectamente aleccionados sobre la forma de actuar en el caso de que fueran detenidos. Ninguno ofrecía resistencia aunque la colaboración con los agentes era nula.

A pesar de ello a lo largo de estos meses de investigación ya se pudo apresar a varios de los cabecillas de alguna de estas organizaciones criminales que trabajaban en España.

Poco se sabe ya de los 19 detenidos a lo largo de 2018 en el aeropuerto de Santiago. Al tratarse de un delito menor la autoridad judicial decreta su inmediata puesta en libertad y, a pesar de que en teoría quedan a disposición de la Justicia y con control policial, desaparecen de forma inmediata.

Están bien aleccionados y saben lo que tienen que hacer en cada momento. Son conscientes de se va a decretar su expulsión del país y se van por sus propios medios (por vía terrestre la mayor parte de las veces hacia otros puntos de España o Portugal) ya que, al no llevar documentación legal encima, no constan sus identidades en los archivos.

Solo en uno de los casos registrados en Santiago se pudo proceder a un juicio rápido por aceptar el trámite los dos individuos implicados y estar acreditada su filiación. Fueron expulsados a su país de origen.

El resto, como se necesita una orden judicial de expulsión se escabullen mientras se tramita un expediente demasiado largo que puede incluir la petición de un informe técnico sobre la falsificación del documento, lo que se demora varias semanas.

Las instalaciones policiales del aeropuerto de Lavacolla están dotadas de los medios materiales más modernos para detectar las mejores falsificaciones de documentos o billetes de las compañías aéreas. Además, los funcionarios de la Brigada de Extranjería cuenta con la máxima cualificación para luchar contra los delitos de trata de seres humanos.