Aunque Exteriores no lo ha dicho explícitamente, y se remitía ayer a las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro García-Margallo, las objeciones de España a la propuesta de la UE para repartir los refugiados entre los países miembros tienen dos bases principales: el Gobierno cree insuficiente la implicación comunitaria en las políticas de contención de la inmigración en la frontera sur española y considera que no se ha tenido en cuenta en el grado necesario la situación del mercado laboral del país. Según algunos expertos, la cuota que corresponde a España es pequeña y perfectamente asumible, pero se trataría de mantener una posición de fuerza para lograr más apoyo en la contención de la avalancha migratoria.
En opinión de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), España debe aceptar la propuesta europea. El documento «no deja de ser un paso positivo hacia una acción colectiva con respecto del fenómeno inmigratorio, para salvar vidas y para presentar alternativas realistas a esta situación de travesías por mar, de mafias que dirigen redes de trata», señala a La Voz María Jesús Vega, portavoz de Acnur en España. La acción unitaria también le parece imprescindible, pero desde un punto de vista distinto al del Gobierno: «La UE empezó hace muchos años un proceso de armonización de políticas de asilo, con una serie de directivas vinculantes para los Estados, con las que se trata que haya unos estándares mínimos iguales en todos ellos. Hay un desequilibrio muy grande entre los países de la UE en cuanto a las políticas de asilo. Esta agenda es una oportunidad de oro para poder armonizarlo realmente. Sería un paso enorme».
Argumento económico
Para Jorge Quindimil, profesor de la Universidade da Coruña, especialista en control de fronteras marítimas y colaborador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, los reparos españoles tienen un argumento económico, «que es el más fácil de vender». Al votante no se le ofrece la distinción entre emigrante y refugiado y se refuerza la idea de «inmigración ilegal», sin las formalidades de la aún recordada emigración española. En su opinión personal, la cuota que asigna la Comisión es tan pequeña porque se ha tenido en cuenta precisamente que España es cabeza de puente en la lucha contra la inmigración informal.
«Estamos hablando de cifras ridículas -dice Quindimil-. Hay que pensar en que Europa, con 500 millones de habitantes, reasigna 20.000 refugiados. Líbano, con una población de 4,5 millones de habitantes, tiene un millón de refugiados sirios». Para el profesor, la clave para unas políticas de acogimiento que eviten el drama no está en el control de fronteras ni en la iniciativa política, sino en conseguir que se vea a los protagonista de la avalancha como gente que huye de países en conflicto para salvar sus vidas y las de sus hijos. El profesor duda que se logre activar un sistema común de asilo, al menos a corto plazo, y cree que solo se volverá a hablar de este asunto cuando haya una nueva catástrofe.
