Por tercer año consecutivo, la Secretaría Xeral da Emigración tiene convocadas las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y sus cónyuges, para el año 2015. Estas ayudas tienen por objetivo ayudar a los gallegos y gallegas residentes en el Exterior a instalar en la Galicia territorial su propio negocio, y favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo.

Con un tope máximo de 8.000 euros por solicitud (en el caso de mujer, hasta 39 años, y miembro de una sociedad laboral o cooperativa), estas ayudas son además compatibles y complementarias con las establecidas -para todas las fases de emprendimiento- para la población gallega general del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), dependiente de la Consellería de Economía e Industria, y también a las de la Consellería de Traballo e Benestar.

La intención de Emigración, además de completar estas líneas con una acción adicional, es recordar a las y los gallegos residentes en el Exterior que son también población que puede acogerse a las subvenciones y ayudas de la Xunta para el emprendimiento, y que en su conjunto superan en este año los 27 millones de euros.

Este dinero, y las líneas concretas para su desarrollo, son acciones con las que el Gobierno gallego materializa su compromiso de apoyar la creación de nuevas empresas radicadas en Galicia, y luchar así contra el desempleo. En el caso concreto de la resolución de Emigración, se pretende que el retornado o retornada aproveche el bagaje, conocimientos y experiencias profesionales y personales conseguidos en el Exterior en beneficio de toda la comunidad, cree nuevos puestos de trabajo al tiempo que consolida su vuelta a la tierra, e incluso contemple y difunda Galicia como destino para la inversión.

Incentivar la recuperación

Se incentiva que los proyectos que tengan en mente las personas de vuelta en la Comunidad tomen forma cuanto antes, y ayuden a la recuperación del tejido económico en la Galicia territorial, a través de iniciativas nacidas dentro y también fuera del territorio, especialmente aquellas engendradas a raíz de experiencias profesionales en el Exterior.

La iniciativa de Emigración subvenciona los gastos que lleva consigo el establecimiento de las personas gallegas emigrantes retornadas bien como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, o bien como socias trabajadoras de sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado. Así, son objeto de subvención para los destinatarios y destinatarias hasta el ochenta por ciento de los gastos de notaría y registro, tasas, licencias administrativas, servicios profesionales externos, inversiones derivadas del desarrollo e implantación de la página web y de la pasarela de pago para la realización de ventas en línea, publicidad y propaganda, primas de seguros, arrendamiento de local, de maquinaria y de equipamientos informáticos, y suministro de servicios imputables al desarrollo de la actividad, tales como calefacción, agua, electricidad, telefonía e internet. Se trata en fin de ayudar al emprendedor o emprendedora, en la medida de lo posible, a hacer frente a los primeros gastos de establecimiento.

Pueden acogerse a las ayudas las personas gallegas retornadas, que tengan fijada su residencia en Galicia, y que estén dadas de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social o mutualidad del colegio profesional que corresponda. El plazo para la presentación de solicitudes termina el 30 de septiembre, y la cuantía tope de la ayuda es de 4.000 euros para autónomos y autónomas y 6.000 para sociedades laborales o cooperativas, en ambos casos con 1.000 euros a mayores si la persona solicitante tiene 39 años o menos, y otros 1.000 más se es mujer la persona solicitante.

A estas ayudas pueden acogerse las personas gallegas residentes en el Exterior que hayan retornado a la Galicia territorial hasta dos años antes a la presentación de la solicitud de ayuda al amparo de la resolución, y que residan y ejerzan su actividad laboral o profesional en la Comunidad Autónoma.