La UE aprueba la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores inmigrantes cualificados

A puertas de las próximas elecciones del 7 de junio, los países de la Unión Europea (UE) han aprobado este lunes dos importantes normas sobre inmigración: la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados y las sanciones a los empresarios que contraten a irregulares. Ambas directivas se han aprobado en la reunión de ministros de Agricultura en Bruselas.

A mediados de 2011, se empezará a aplicar la nueva directiva sobre los trabajadores altamente cualificados procedentes de fuera de la UE. La "tarjeta azul" ofrecerá a los profesionales cualificados libertad de circulación por todo el territorio comunitario, así como la posibilidad de trabajar en otro país de la UE al cabo de dos años, y también ofrece ventajas para el reagrupamiento familiar y el trabajo de los cónyuges.

La normativa define como inmigrantes altamente capacitados a los que tengan estudios universitarios de al menos tres años, o una experiencia profesional demostrable en un trabajo equivalente durante un mínimo de 5 años. Además, recibirán un salario anual bruto del 150% del salario medio de cada país, aunque en algunos casos podrá ser del 120%.

En España un inmigrante altamente cualificado cobraría a partir de unos 33.000 euros brutos anuales. Los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos que sus colegas europeos en cuestiones como condiciones laborales, salario, libertad de asociación o pensiones.

El objetivo de esta medida es atraer a la UE a inmigrantes muy cualificados, que en general suelen dirigirse preferentemente a Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia.

Inmigración ilegal

Para combatir la inmigración ilegal, la UE ha establecido las sanciones mínimas para aquellos empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Así, las empresas deberán comprobar  que las personas extranjeras a las que contraten tienen documentos en regla.

Las multas incluirán el coste de la repatriación del trabajador, la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Además, el empresario deberá abonar la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador hubiese tenido un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

Aunque todavía no se han especificado, la normativa prevé sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.