La privatización del Registro Civil, antes incluso de que sea una realidad, ya tiene los primeros perjudicados. En Ourense, según indican los trabajadores de este servicio público, son trescientos los expedientes de nacionalidad del año 2014 que han quedado atascados en la Dirección General de Registros y Notariado. Se tramitaron aquí con normalidad, se completaron en el período medio de un mes a mes y medio, incluyendo en ese tiempo la subsanación de errores o carencias, junto con el preceptivo informe de la fiscalía, pero no ha llegado de vuelta ni el primero. Ni del 2014 ni tampoco del centenar de asuntos en marcha correspondientes al 2015.
Entre los funcionarios del Registro Civil de Ourense resulta llamativa esta situación, pues, según dicen, parece sugerir que se están retrasando a propósito. Con esa interpretación, a partir del 15 de julio, si se consuma la cesión de este servicio público a los registradores mercantiles y de la propiedad, los inmigrantes serán los primeros en pasar por caja de una forma generalizada y obligatoria.
Detectan en el Registro Civil de Ourense, contrariamente, una creciente actividad y presencia de personas que solicitan certificaciones ante la perspectiva de que empiecen a ser de pago tan pronto como se consume la privatización. Las camisetas amarillas de los funcionarios animan a buena parte de los usuarios a interesarse por una situación, que, como subrayan los trabajadores, genera perjuicios generales a la sociedad y no tanto a los funcionarios. En realidad, para quienes trabajan allí no tiene mayor efecto laboral, según resaltan, en la medida en que vuelven a sus puestos en los juzgados que les correspondan y ahí se acaba su problemática de tipo personal.
La privatización tiene en Ourense, además, el inconveniente añadido de la dispersión de la población, repartida entre 92 municipios, lo cual significa que existen otros tantos juzgados de paz y libros de registro. Las secciones de nacimientos, defunciones y matrimonios se mantienen en cada ayuntamiento, pero la parte que corresponde a tutelas y demás representaciones legales se lleva en exclusiva en el registro civil de la capital de la provincia.
Entre las movilizaciones en defensa del carácter público del registro civil se incluye para los próximos días la asistencia a una manifestación que se prevé multitudinaria en Madrid. UGT tiene previsto fletar varios autobuses desde Ourense. Ayer, de hecho, estaban prácticamente cubiertas las perspectivas iniciales, por lo que tampoco se descarta la posibilidad de que se contraten más vehículos de transporte colectivo para facilitar el traslado hasta la capital.
Más de mil firmas apoyan la iniciativa legislativa popular para frenar el plan del Gobierno
La iniciativa legislativa popular (ILP) que CC. OO. ha puesto en marcha, con recogida de firmas para respaldar la acción, ha recibido desde la pasada semana el apoyo de más de un millar de personas que suscribieron el escrito en las propias dependencias del Registro Civil. No es la única dependencia judicial ni sindical habilitada para las firmas, pero las que se recogen en el sótano del nuevo edificio judicial en Ourense, lugar al que ha sido confinado el Registro Civil, tienen el valor de que mayoritariamente corresponden a usuarios que muestran su apoyo a la medida de una forma espontánea.
Los socialistas llevan el debate al pleno de la corporación local de Ourense
Este viernes, por otra parte, se discutirá en el pleno de la corporación municipal de Ourense una moción del PSOE para «demostrar o rexeitamento á privatización do rexistro civil» y dirigir un comunicado al ministro de Justicia para reclamar que se mantenga la situación actual. «Instándoo a que de marcha atrás nas súas pretensións de privatizar os rexistro civís e que continúe sendo un servizo público e de calidade como ata agora», concluye la propuesta de acuerdo.
