Las redes delictivas de tráfico de personas han movilizado en los últimos diez años un volumen de negocio que puede ascender hasta los 2.000 millones de euros. El coste del viaje a Europa que han de pagar los inmigrantes ilegales oscila entre los 500 euros --en el 35 por ciento de los casos-- a los 3.000 euros, en el 26 por ciento de los supuestos.

Estos son algunos de los datos más significativos de una encuesta realizada en Senegal y Marruecos a través del proyecto europeo 'Infomigra', que lidera la Generalitat Valenciana y que fue hecho público la semana pasada por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, con motivo de un seminario celebrado en Valencia.

Al acto asistieron los cónsules de Marruecos, Grecia e Italia, Amar El Mars, Francisco Javier Ramón Pecharromán y Leonardo Carbone, respectivamente, así como el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, Rafael Ripoll; la secretaria autonómica de Inmigración y Ciudadanía, Gotzone Mora y el director general de Inmigración, Josep Maria Felip.

El estudio efectuado en Senegal ha sido realizado por uno de los socios del Consell para llevar a cabo el proyecto 'Infomigra-Cruz Roja Española'. El informe recoge que la familia de quien emigra, en su mayoría, tiene una situación económica pobre, con carencias y con necesidades básicas. En este sentido, deposita en el inmigrante la responsabilidad y la esperanza de mejorar la situación económica y socialmente por ser el referente que puede elevar el estatus de la familia.

Así, el documento revela que el 90% de los ciudadanos senegaleses considera la emigración como la solución a sus problemas. Del mismo modo, los familiares de las personas que emigran tienen una opinión positiva del proceso migratorio para escapar de la falta de medios y acceso a recursos y servicios. Así, más de la mitad de los entrevistados tiene familiares viviendo en el extranjero.