El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que el impuesto de sucesiones cedido a las autonomías discrimina a los emigrantes, ya que los residentes en el exterior no se pueden beneficiar de las bonificaciones que, en algunos casos, como en Galicia, llegan al 99%.
Esta sentencia, de la que se hacía eco el periódico ‘Faro de Vigo’, podría obligar a revisar las diferencias fiscales que existen dentro del territorio en la aplicación de este tributo.
La sentencia responde a una denuncia presentada en 2011 por la Comisión Europea y advierte que los no residentes son obligados a pagar más que los residentes, que son los únicos que se pueden beneficiar de la ventajas fiscales concedidas por las comunidades. “Ello supone una discriminación en el impuesto español”, alega el tribunal europeo, en cuanto constituye una restricción a la libertad de circulación de capitales.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que están “analizando con detenimiento” la sentencia del tribunal europeo y reconocen la dificultad de adaptarse a lo dictaminado por Bruselas, “ya que cada comunidad aplica unas tarifas o bonificaciones distintas”.
El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, asegura que “la única fórmula pasaría por aprovechar la reforma fiscal para intentar ordenar la legislación al respecto y armonizar este impuesto en todo el territorio”. Mollinedo reconoce que es complicado y sobre todo en vísperas de elecciones, ya que el proceso de homogeneización entre comunidades podría llevar a un incremento de las cuentas en aquellas comunidades con los tipos más bajos o con las bonificaciones más ventajosas.
Este fallo del Tribunal de Justicia de la UE abre una vía para que los emigrantes reclamen la devolución de las cantidades que pagaron indebidamente, siempre que no hayan prescrito.
En todo caso, desde el Consejo General de Economías y Asesores Fiscales aseguran que actualmente en España hay grandes diferencias en el pago por impuestos de sucesiones. Por ejemplo, explican, un soltero que hereda bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a una vivienda, en Galicia pagaría 55.000 euros, en Andalucía 164.000 euros y en Cataluña, 353 euros.
