La vivienda se posiciona como uno de los ámbitos clave para conseguir la plena integración de los ciudadanos inmigrantes en cualquier país de destino. Una doble perspectiva explica este hecho: por una parte, el deseo personal y la necesidad de disponer de una vivienda en condiciones igualitarias al resto de la población; por otro lado, una dimensión colectiva que supone una distribución equilibrada de los colectivos sociales. Y es que, si no se afronta con eficacia el reto de la vivienda, se puede llegar a problemas de exclusión social o a la creación de zonas urbanas de excesiva concentración residencial, conduciendo incluso a dificultades en la convivencia diaria entre los inmigrantes, o entre estos grupos y las personas autóctonas.
 
Además, la situación residencial tiene una cierta influencia en otros campos de la vida indispensables para la integración tales como la inserción social y laboral, la participación o la educación de los más pequeños.

Por todo ello, resulta fundamental la aplicación de un enfoque proactivo que asegure la planificación adecuada de la inserción residencial por parte de las personas inmigrantes, tratando también de evitar los posibles problemas que puedan surgir de carácter estructural.
 

Un derecho reconocido

El derecho a una vivienda digna aparece reconocido en la Constitución española como uno de los principios fundamentales que rige el ámbito político, económico y social de la vida de cualquier individuo y, en general, de toda la sociedad que reside en nuestro país. Es, por tanto, objeto de preocupación y actuación de los organismos e instituciones públicas, quienes aparecen como auténticos garantes del cumplimiento del derecho citado.
 

De esta forma, la Ley Orgánica 4/2000 recuerda la importancia de poder acceder a una vivienda independientemente del origen o situación, manteniendo unas condiciones de igualdad plenas: “Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles”. En este sentido, se asienta el principio como un elemento inspirador de cualquier actuación en el ámbito de la vivienda, ya sea dirigida a la población general como orientada a aquellos colectivos con dificultades. Es, en este último caso, donde se pueden incluir las especiales circunstancias que atraviesan los inmigrantes en el momento de llegar al país receptor y comenzar una nueva vida en territorio hasta entonces ajeno; esos primeros pasos hacia el asentamiento en España.

Ahora bien, si observamos el panorama internacional, el Consejo de la Unión Europea ya apuntaba la relevancia de dicha premisa exponiendo en el cuarto de los ‘Principios Básicos comunes para la Integración’ de 2004 lo siguiente: “El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios, tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones, es un requisito para una mejor integración”, siendo un elemento clave la posibilidad de disponer de un bien primordial como es la vivienda. Además de asegurar y reconocer este derecho basado en la igualdad de trato, el Consejo va más lejos al solicitar “medidas activas para garantizar” este bien necesario con el fin de hacerlo verdaderamente accesible para todos y, en especial, para el colectivo inmigrante.

La cuestión integradora ligada al hecho de disfrutar o no de una vivienda también se encuentra recogida en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Inmigración, Integración y Empleo, afirmando que “el acceso a la vivienda es un elemento básico de integración, y la falta de vivienda de calidad asequible en áreas de diversidad étnica es un problema que afecta a muchos inmigrantes y refugiados”.

Plan Estatal de Vivienda 2005-2008

Como una de las disposiciones más actuales sobre vivienda a nivel nacional, cabe citar la actuación de la Administración General del Estado en dicha materia en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Y es que, además de fomentar el acceso de los ciudadanos a un domicilio, recoge la importancia que supone “la acción de los poderes públicos para complementar la acción de los mercados y corregir algunas de las consecuencias negativas de su funcionamiento, con medidas dirigidas a paliar la falta de vivienda protegida asequible para los ciudadanos con menos recursos y conseguir los fines constitucionales”.

Sin duda, la idea de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna rige la estructura estratégica del Plan citado, del que se pueden desarrollar algunos de sus apartados más fundamentales.
 
Así, como primer pilar indispensable se expone la finalidad clara del Plan: “El objetivo prioritario es que la vivienda protegida amplíe su peso en el conjunto de los mercados de vivienda, como instrumento para la mejor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder, mediante esfuerzos razonables, a los mercados de vivienda libre”.

Una de las funciones principales conforma el segundo eje del Plan al afirmar que “contribuirá a una mayor equilibrio entre las formas de tenencia, fomentando el alquiler hacia una equiparación con la propiedad, y promoviendo la movilización del parque de viviendas desocupadas para el alquiler”. En este apartado también se indica que “el fomento del alquiler favorece a los colectivos con menores rentas y a aquellos con necesidades especiales”

El tercer punto apuesta por la protección al señalar que “se impulsa, como parte fundamental de la política de vivienda, un conjunto de actuaciones en materia de suelo edificable destinado preferentemente a viviendas protegidas”.

La definición del conjunto receptor del Plan es acogida por el cuarto fragmento: “Se dirige específicamente a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. De modo especial, el Plan tiene en cuenta a grupos sociales que tienen necesidades específicas por sus circunstancias personales a igualdad de niveles de ingresos, tales como, por ejemplo, los jóvenes, las familias numerosas y las monoparentales, los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y sus familias, así como las personas víctimas de la violencia de género y del terrorismo. Y, dentro de estos grupos, las ayudas estatales directas a la compra de viviendas se dirigen básicamente a quienes acceden por primera vez al mercado de vivienda en propiedad”.
 

El quinto eje alude al necesario elemento asociativo entre distintos actores sociales para la consecución eficaz del objetivo: “El Plan se basa en la concertación y cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas y con los agentes sociales y económicos”.

Ligado a todas estas proposiciones, surge la necesidad de luchar contra la discriminación que sufren los inmigrantes en un campo tan vital para su integración como es la oportunidad de acceder al mercado de la vivienda. Es por ello que la actuación de las administraciones públicas debe tener en cuenta esta batalla de acuerdo con las recomendaciones expuestas en el Tercer Informe Sobre España elaborado en 2006 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
 

Por último, son destacables las premisas que defiende el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, así como el Refuerzo Educativo de los Mismos, relativas a la cuestión de la vivienda:

- Apoyo a programas de integración en el entorno urbano en barrios con alta presencia de inmigrantes
- Refuerzo de programas de intermediación en el mercado de la vivienda.
- Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en entornos con escasa población, en el marco de proyectos de desarrollo local
- Formación en interculturalidad de profesionales de la intermediación en el mercado inmobiliario
- Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

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Consulte el 'Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007 - 2010'