Bruselas, 2 feb (EFE).- Como muchos, salieron de España con la idea de llevar una vida mejor en el extranjero, pero el proyecto de 300 españoles emigrados a Bélgica se torció cuando recibieron la orden de abandonar el país por ser "una carga" para el sis

(03/02/2014)

Españoles emigrados a Bélgica, cuando el sueño se torna en pesadilla

lainformacion.com

domingo, 02/02/14

Españoles emigrados a Bélgica, cuando el sueño se torna en pesadilla

Bruselas, 2 feb (EFE).- Como muchos, salieron de España con la idea de llevar una vida mejor en el extranjero, pero el proyecto de 300 españoles emigrados a Bélgica se torció cuando recibieron la orden de abandonar el país por ser "una carga" para el sistema.

Los españoles fueron en 2013 los terceros en la lista de europeos contra quienes se cursaron más expulsiones en Bélgica por esta causa, después de los rumanos y los búlgaros, según los datos difundidos en enero por la Oficina de Extranjería de Bélgica.

La portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, explicó a Efe que bajo el concepto de "carga irracional para el sistema" se examina caso por caso en Bélgica, y se considera carga, "cuando una persona lleva en el paro más de un año entero, no hace gestiones para encontrar un trabajo y se instala en un sistema de ayudas sociales".

El Estado belga, subrayó Ernould, "no puede soportar" esa presión: "Ya con la población belga es difícil. Si además tenemos que acoger y asimilar a una parte de la población europea, es absolutamente imposible".

Uno de los casos de afectados por la orden de expulsión de Bélgica es el de Fátima Donaire (Jaén, 1984), licenciada en Bellas Artes, que llegó a Bélgica en noviembre de 2010 para hacer prácticas durante cinco meses en un estudio de diseño gráfico, con una beca del programa Eurodisea.

Cuando la beca se terminó, Donaire relató a Efe que decidió quedarse en Bélgica para aprender francés y buscar trabajo. A la vez, solicitó una de las ayudas sociales que en Bélgica se conceden a las personas que no cuentan con suficientes recursos y que le permitió recibir 525 euros al mes, para pagar el alojamiento.

Durante una año la andaluza trabajó como camarera, sin que su trabajo fuese declarado a la seguridad social y percibiendo aún la ayuda social, hasta que recibió una carta con la orden de que en 30 días tenía que abandonar el país por ser una carga para el sistema.

En Bélgica las expulsiones de europeos han pasado de unas 300 en 2010 a superar las 2.000 en 2012, desde que las autoridades belgas cruzan datos de distintos organismos.

"Esto ha permitido descubrir que muchos europeos abusan del sistema. Hemos visto que estábamos poniendo el dedo en la llaga: es un sistema que no estaba funcionando", explicó Ernould.

Donaire señala que recibió un "trato despectivo" en el ayuntamiento a donde acudió al recibir la carta y donde se le retiró la tarjeta de identidad belga.

A través de un abogado belga, presentó pruebas de que durante toda su estancia no dejó de buscar trabajo, y de que además había hecho un curso para convertirse en animadora infantil en escuelas.

Gracias a eso y, sobre todo, a encontrar trabajo en junio pasado en una escuela pública de Ixelles (en Bruselas), evitó la expulsión.

"Me siento estafada, siento que nos han contado una mentira enorme con lo de Europa, cuando no es verdad, y estamos todos engañados. Hasta que no te pasa una cosa de este tipo no lo sabes", dijo durante una entrevista con Efe.

Superada la situación, explica que para ella la libre circulación en la Unión Europea "significa en realidad: que el que tiene dinero interesa que se quede, el que no tiene dinero y se está buscando la vida, que se vaya a su país".

Las expulsiones, subrayó la portavoz del Oficina de Extranjería belga, responden a lo previsto en la normativa europea.

A ese respecto la portavoz de Justicia de la Comisión Europea (CE), Mina Andreeva, recordó que "la libre circulación es un derecho acompañado de deberes".

Andreeva dijo a Efe que, aunque implica el libre movimiento en el territorio comunitario, "no supone el derecho a acceder libremente a los sistemas de seguridad social de los Estados miembros".

"Los ciudadanos europeos tienen derecho a ir a otro país de la UE y quedarse en el hasta tres meses sin ningún tipo de obligación ni de derecho a pedir beneficios", precisa Andreeva, que agregó que solo se puede permanecer hasta seis meses en el país si la persona demuestra que busca trabajo de manera activa.

Tras ese plazo, "los ciudadanos europeos no tienen derecho a permanecer en el Estado miembro de acogida, salvo que tengan medios financieros para sostenerse y un seguro de enfermedad completo".