(15/11/2013)
El estudio, que contó con la realización de un total de 60 entrevistas con empleadas domésticas de origen inmigrante asegura que "existen numerosos aspectos sobre los que se hace necesario actuar ya que no funcionan de la manera deseada desde una perspectiva de igualdad de derechos laborales y ciudadanos".
La necesidad de mejoras en el ámbito legislativo centra el primer bloque de propuestas o recomendaciones en las que concluye el trabajo. A este respecto, el informe hace una primera recomendación: ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, en vigor desde el pasado septiembre. Pero además, el informe de la OIT pide rectificar la nueva reforma relativa a las prestaciones sociales en el empleo doméstico -en vigor desde el 1 de abril del 2013- tanto para "retornar a la responsabilidad del empleador en el alta y el ingreso de la cotización en la Seguridad Social" como para "el establecimiento de tramos de cotización acorde con los salarios". También aborda la idea de la necesidad de cumplir con la formación de comisiones de expertos, tal y como se prevé en la legislación.
Por otra parte, se refiere al establecimiento de mecanismos de control e inspección "que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas al mismo tiempo que se preserve el derecho a la privacidad familiar".
Alude, en segundo lugar, la OIT a la necesidad de generar una mayor coordinación entre los agentes sociales, al tiempo que pide "reflexionar acerca de los beneficios de aunar los esfuerzos de las trabajadoras domésticas inmigrantes y nativas" así como "promover la creación de organizaciones de empleadores de trabajadores domésticos".
En otro orden de cosas, hace referencia el informe a la necesidad de promover la consideración del sector como un ámbito plenamente laboral. Y hace una serie de propuestas o recomendaciones: realizar campañas de sensibilización para informar a los usuarios del sector, empleadores y trabajadoras, y a la población en su conjunto, respecto los derechos y obligaciones respectivos; establecer categorías profesionales garantizando una remuneración adecuada de acuerdo con el nivel de especialización y el grado de complejidad de éstas; o destinar recursos, a través de asociaciones, sindicatos y centros oficiales de formación, para garantizar una formación adecuada y acreditada a las personas que trabajan en este sector.
La lucha contra la economía informal en el sector a través de sanciones y campañas de concienciación ciudadana, o la simplificación de los trámites administrativos de inscripción a la seguridad social, son otras de las peticiones que hace la OIT en su estudio.
Denuncia, asimismo, los efectos indeseables de los controles de identidad "inopinados" y su "impacto sobre las posibilidades de actuación cotidiana de la población inmigrante". Paralelamente, reivindica la necesidad de "tener en cuenta el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias" para lo que solicita la rectificación de la modificación realizada este pasado1 de abril, y pide la puesta en marcha de campañas de información y de sobre los derechos de los inmigrantes, en particular en caso de detención o internamiento.
Otras de las recomendaciones de la OIT pasan por el establecimiento de mecanismos de empadronamiento de las trabajadoras domésticas internas en casa de los empleadores, "con objeto de poder acceder a los procesos de arraigo"; la firma de acuerdos con los países de origen "para el reconocimiento recíproco de titulaciones académicas y certificados de aptitud profesional"; y la promoción de políticas de conciliación "que sean sensibles a la realidad de las trabajadoras domésticas migrantes, incluyendo el carácter transnacional de su periplo migratorio".
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