La ley les obliga. Aunque el monto de sus pensiones no alcance el mínimo, están obligados a declarar por tener ingresos de dos pagadores que superan los 11.200 euros al año. La Agencia Tributaria argumenta que esta investigación, con las multas que ya están llegando a los que no declararon sus pensiones extranjeras, se hace ahora porque se ha agilizado el intercambio de información con otros países. «Es una persecución a los que nos marchamos al extranjero a trabajar para levantar el país y ahora quieren hacernos pagar a nosotros los sueldos de cuatro bandidos», considera Jesús López. Es un sentir bastante extendido del que ya han surgido plataformas de afectados como la de O Morrazo. Ahora pretenden constituir una con los jubilados de O Baixo Miño y O Val Miñor que estén en esta situación. «Varios ya tienen multas de hasta 15.000 euros encima de la mesa», indica Jesús López. Para ello convocan a todos a la reunión informativa que tendrá lugar mañana, a las siete de la tarde en el local de la Casa do Mar de Baiona.

Unos sostienen que no sabían que había que tributar por esos pequeños ingresos; otros que la propia Hacienda les dijo que no era preciso. Los ingresos mensuales que les obligan a declarar «están entre los 40 y 95 euros como máximo», explican. La suma media del perfil ronda, indican los 600 euros al años «por los que ya declaramos en cada país de origen». Jesús López es de ese grupo, así que su caso es extrapolable al de cientos de vecinos de la zona.

A él le advirtieron a tiempo e hizo este año las últimas tres declaraciones. No tiene multa, pero si recargo, así que los 95 euros germanos que percibió al mes, le acaban de costar un ingreso a la Agencia Tributaria de 2.300 euros. La situación aún se complica más entre los que emigraron a varios países, advierte. Y lo peor no es volver a hacer las declaraciones desde 2008, sino que aunque sea insignificante la percepción extranjera, la suma de recargos la harían inasumible para cualquier pensionista. Confían en que uniéndose puedan aliviar la carga.

Los afectados se manifestaron en verano en julio en O Morrazo y en Pontevedra, bajo el lema «Somos emigrantes, no defraudadores».