Hacienda entendía que no habían cumplido con sus deberes fiscales, a pesar de que en la mayoría de los casos nunca habían sido informados sobre la necesidad de pagar por las pensiones de la emigración.
El límite se sitúa en los 11.200 euros, por lo que todos aquellos que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa cantidad estarían obligados a ponerse al día.