Los límites, en todo caso, afectarán solo al llamado permiso B, de estancias de más de un año, pero no a los inferiores, una vía que algunos ya ven como el escape para bordear las prohibiciones mientras no se alcance el cupo que también tiene esta modalidad. Estas restricciones, que ya se aplican a determinados países del este de Europa desde el año pasado, ha sido una respuesta de la derecha helvética a las demandas de la población, según varios medios suizos, y criticadas por la UE.
Marianne Helfer, técnica en inmigración en la Municipalidad de Berna, la capital del país, coincide en que es una concesión a los que rechazan la llegada de inmigrantes, pero cree que lo que hay que plantearse es si la inmigración es un problema o realmente una necesidad del país, a la vista de las necesidades y la realidad. «El Gobierno quiere restringir el acceso de extranjeros al país para quedar bien con el pueblo al que a la hora de la votación sobre la libre circulación de personas se le prometió aplicar la cláusula en caso de masiva inmigración, pero al mismo tiempo deja una puerta abierta para quedar bien con el sector privado que necesita mano de obra del extranjero», señala.
Alfonso Gómez Cruz, de Corme, copresidente de Los Verdes en Ginebra, señala que la medida quiere agradar a la «estrema dereita xenófoba», para «tranquilizar a unha parte da poboación» antes de varias votaciones sobre emigrantes que habrá este año. Gómez, economista, gerente del Conservatorio de Ginebra, aspira a lograr una plaza en el Parlamento Cantonal de Ginebra en las elecciones del próximo mes.
Esa plaza ya la tiene, y además fue su presidenta, Loly Cruz de Bolay (Dolores Cruz Cousillas), diputada del Partido Socialista en Ginebra, que califica la medida de «más simbólica que otra cosa». Señala que hay sectores en los que se necesita mano de obra, y pide más control para evitar los abusos en los salarios.
Más allá de la leyes, quienes viven a diario los efectos de la crisis y los viajes son otros. Por ejemplo, el empresario vimiancés Francisco Ordóñez, de 44 años, que lleva 27 exitosos años en Suiza y tiene más de 20 empleados. Cree que esta cláusula del Gobierno afectará mucho a los gallegos, que llegan constantemente. «Case non hai día no que non me chaman preguntando por traballo», señala. Lo que más abunda son peones.
Las llamadas le llegan a él, pero en general a todos los centros gallegos, como atestiguan muchos de sus responsables. En el de Ginebra, de cuyo centro social se encarga un emigrante de Zas, o en la Asociación de Trabajadores Españoles de Delemont, a cargo de un camariñán, dan buena cuenta de ello desde hace meses.
Taxistas
Hay otras ópticas sobre este fenómeno masivo, y no necesariamente desde Suiza. Por ejemplo, Andrés Romar, de Camariñas, un taxista que viaja varias veces al mes entre Suiza y Galicia con emigrantes de ida y vuelta. Conoce el drama del paro y decenas de historias de necesidad. Alguna va con él al lado cuando las relata por teléfono, cruzando el norte de España. Incluso algún periódico del cantón de Jura lo escogió a él hace unos meses para describir un éxodo que llegó a su portada, algo insólito incluso en los setenta y ochenta, cuando las llegadas eran mucho mayores, pero parecían invisibles. «Está marchando moita xente para Suíza, pero hai moita máis que quere marchar. Se houbera traballo, máis o faría», explicaba, camino de Basilea.
Luis Rodríguez Tajes, de 47 años, ya está en Suiza desde hace un mes. Natural, como Andrés, de Camariñas, viajó antes al país para asegurarse un puesto de trabajo, y lo logró. Él se fue en su coche, como hicieron (incluso hacen) tanto emigrantes. Calculaba, antes de partir, que llegaría en unas 18 horas. Ya estuvo trabajando allí de joven, con 17 años. Nunca pensó que tendría que regresar. En Camariñas fue presidente de la comisión de fiestas, de una entidad hípica, vicepresidente del equipo de fútbol, concejal del grupo socialista... Muy integrado en la localidad. Lo que más le duele, como a todos, es dejar atrás a la familia. Así fue siempre, y así sigue siendo.
