La UE solicita un certificado de «residencia habitual» para inmigrantes que buscan ayudas sociales a nivel nacional. Sin embargo, Reino Unido agregó un examen de «derecho de residencia», que según la Comisión Europea infringe las leyes de la UE. Esa nueva prueba indaga también sobre la residencia legal y tiene como objetivo saber si quienes solicitan ayudas están trabajando o buscando empleo.
Esto significa que «potencialmente decenas de miles» de ciudadanos de otros estados miembros de la UE perdieron el acceso a las ayudas sociales que deberían tener por ley, dijo Jonathan Todd, portavoz del comisario europeo de Asuntos Sociales, Lazslo Andor.
El ministro de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Ian Duncan Smith, aseguró que el Gobierno quiere evitar el «turismo social» por el que los ciudadanos de la UE deciden mudarse allí debido a su sistema de protección social relativamente generoso, en lugar de trabajar.
«Voy a pelear cada paso del camino», dijo Smith. «No cederé y continuaré trabajando en el fortalecimiento de nuestro sistema de ayudas sociales para asegurarme de que no está abierto a los abusos de nadie». Y sostuvo que «los contribuyentes británicos no quieren pagar a las personas que no están dispuestas a trabajar», algo que en lo que, según él, están también de acuerdo otros estados miembros, como Alemania y Austria.
En una carta enviada a la Comisión en abril, Reino Unido, Alemania, Austria y Holanda solicitaron un mayor control en el acceso a las ayudas sociales por parte de los inmigrantes, con el argumento de que algunos estados miembros se enfrentan a «una presión considerable».
En el caso de Reino Unido, se trata de beneficios para hijos, créditos para hijos, prestación para la búsqueda de empleo, créditos estatales de pensiones, y subsidios de ayuda y al desempleo.
El problema aviva las tensiones entre Bruselas y Reino Unido, donde el gobierno de coalición del primer ministro, David Cameron, se enfrenta a un gran número de euroescépticos.
Para Stephen Booth, del think tank euroescéptico Open Europe, la Comisión «arrojó una granada de mano» en el intenso debate que vive Reino Unido sobre su conveniencia de pertenecer a la UE. «En un momento de escaso apoyo público a la UE y a la inmigración, este es el peor desafío que la Comisión pudo plantear en el peor momento posible».
Reino Unido recibió 42.810 solicitudes de ayuda social de ciudadanos del Espacio Económico Europeo (la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega) en el período 2009-2011, dijo Todd, de los cuales el 64 por ciento fue rechazado.
Según Todd, algunos estudios británicos indican que «los trabajadores de otros países miembro de la UE pagan más impuestos y contribución a la seguridad social que lo que reciben».
La Comisión sostuvo que decidió remitir el asunto al Tribunal Europeo de Justicia tras recibir varias quejas de ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido a quienes se les negaron las ayudas sociales en cuestión.