(21/12/2012)
'Queremos que se garantice la asistencia sanitaria a todas las personas, también a las que están en situación irregular'. Éstas fueron las palabras de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante una comparecencia en el Senado para presentar el informe del Defensor del Pueblo relativo a 2011.
Becerril ha defendido ante el Pleno el acceso a la sanidad pública de todas las personas, también de los inmigrantes irregulares. Sus palabras se conocen justo después de que el Tribunal Constituciona (TC) diera a conocer un auto que avala al Gobierno del País Vasco en su intención de seguir atendiendo en la saludad pública a este colectivo, en contra de los decretado por el Ejecutivo central.
El Real Decreto-Ley 16/2012 del Ministerio de Sanidad excluye del sistema sanitario a los inmigrantes sin permiso de residencia, limitando su atención a las urgencias. El argumento del Gobierno es que de este modo se ahorra en costes, aunque el TC no ha considerado que se pueda probar esto ya que el gasto en atención primaria se transferiría a la atención de urgencias, que es más cara.
Con todo, la ministra Ana Mato insistió ayer en que el TC no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la decisión del Gobierno de Euskadi de seguir atendiendo a los pacientes extranjeros irregulares y reiteró que, aunque acata la decisión, ella sigue pensando que se trata de una medida inconstitucional.
Sólo falta esperar el fallo definitivo del Alto Tribunal, pero la medida de levantar la suspensión de los decretos que permiten el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes sin permiso de residencia supone un antecedente positivo. www.redinmigrante.es
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