CARMEN VILLAR| A CORUÑA El Ministerio de Sanidad está dispuesto a discutir las condiciones en las que se concretará la orden que obligará a los inmigrantes en situación irregular ta abonar una cuota para acceder a las mismas prestaciones sanitarias que la de quienes cotizan a la Seguridad Social. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato aseguran que las comunidades autónomas han recibido el borrador de la normativa y que pueden presentar alegaciones que se "estudiarán" hasta que el texto definitivo se debata en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

"Las autonomías pueden realizar alegaciones a lo que hasta ahora es un documento de trabajo", señalan desde el Ministerio tras las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que este se mostraba "no partidario de disminuir la asistencia sanitaria" al colectivo de los sin papeles y en las que se inclinaba a buscar, en el ámbito de Galicia, "qué resquicio legal" deja la norma y, en función de ello, "actuar".

Los recelos del presidente del Gobierno gallego hacia la legislación que prepara el Ejecutivo central se suman a los ya expresados por Andalucía, Cataluña o Asturias, aunque, a diferencia de estas comunidades, Núñez Feijóo comparte partido con los responsables ministeriales y, de hecho, la número dos de Sanidad, Pilar Farjas, impulsora de la medida, fue la encargada de dirigir la sanidad pública gallega hasta ser requerida como secretaria general de Sanidad.

En todo caso, desde la Consellería de Sanidade no han precisado si, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Xunta, han enviado, o enviarán, alegaciones al texto del borrador.

Desde el Ministerio de Sanidad señalan, no obstante, que Galicia, igual que el resto de las comunidades autónomas, tendrá que aplicar la normativa aprobada. "Todas las normas del ministerio son de obligado cumplimiento", insisten. Galicia, explican, no podrá ofrecer la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular que no suscriban los convenios especiales. Entre las competencias del Gobierno gallego, solo figura el modo de hacerlo, la gestión. "La comunidad podrá decidir si cobra al mes o si lo hace de otro modo, por ejemplo", informan las mismas fuentes. En concreto, el texto normativo establece que "se faculta a las consejerías que ostenten las competencias en materia de gestión sanitaria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de esta orden".

Sin embargo, y en relación al "resquicio legal" del que hablaba Feijóo, señalan que la comunidad autónoma puede habilitar mecanismos para ofrecer prestaciones sanitarias a este colectivo. "Las comunidades autónomas tienen mucho margen para poner en marcha programas de salud pública y dar la mejor cobertura sanitaria y hacer mil cosas dentro de sus competencias de gestión. Lo que no pueden tener los inmigrantes irregulares es tarjeta sanitaria", señalan desde Sanidad. Así, ponen como ejemplo que si Galicia "quiere montar una consulta de urgencias" para este colectivo, puede hacerlo, del mismo modo que programas de salud pública, como el de la tuberculosis, no distinguen entre los que tienen papeles y los que no, añaden.

El borrador de la orden que regula la suscripción de convenios especiales de asistencia sanitaria para quienes no tienen la condición de asegurado no implica, insisten desde Sanidad, que los inmigrantes irregulares queden desprotegidos, ya que se garantiza la atención a embarazadas y menores, aparte de las urgencias.