La emigración alcanza su techo histórico en el censo electoral

(13/08/2012)

La emigración alcanza su techo histórico en el censo electoral

Creció en 60.000 personas desde las autonómicas y ya es el 15 % del total

Autor:

carlos punzón

Localidad:

redacción / la voz

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El incremento del peso de la emigración en el censo electoral gallego semeja no tener límite. Desde las últimas elecciones autonómicas de marzo del 2009 el registro de gallegos en el exterior ha crecido en 53 nuevas altas al día, o lo que es lo mismo, en 60.641 emigrantes más, que bien han adquirido la nacionalidad a través de la puerta que abrió hasta finales del año pasado la ley de la memoria histórica, o han pasado a engrosar en ese tiempo las filas de la diáspora galaica en el exterior.

En total son 395.340 los gallegos residentes en el extranjero los que al concluir el recuento en la primera mitad del 2012 cuentan con derecho a voto en las elecciones generales o autonómicas, eso sí, siempre y cuando reclamen su participación a través de la figura del voto rogado, como quedó fijado en la última reforma de la ley electoral.

El contingente que integra el censo de gallegos residentes en el extranjero representa con ello ya en estos momentos el 14,67 % del cuerpo electoral total de la comunidad, cuando en las anteriores elecciones autonómicas rozaba el 12,7, y hace tan solo diez años estaba fijado en el 10,7. Entonces, en el 2002, Galicia contaba con 119.940 residentes en el exterior menos con derecho a voto que ahora, pero fue desde el 2010 con el proceso de nacionalizaciones masivas de hijos y nietos de emigrados cuando se produjo el verdadero salto en su proporción al crecer en torno a veinte mil altas al año.

Sigue creciendo

Con la oportunidad de la ley de la memoria histórica ya cerrada, el ritmo se ha ralentizado, pero sigue siendo considerable, hasta el punto de que sin dicha posibilidad legal el CERA gallego creció también en el último medio año en 6.484 actas.

Solo en el 2011, un total de 19.685 personas con referencia territorial en Galicia fueron inscritas de oficio en el censo electoral exterior por la Administración española, mientras que las bajas por defunción, inclusiones indebidas o casos en los que se había detectado duplicidades únicamente sumaron 2.387 expedientes.

El caso de Ourense

Mientras en el conjunto de Galicia el censo exterior representa a casi quince de cada cien posibles votantes, en el caso de Ourense, el más espectacular, refleja ya que una de cada cuatro personas con derecho a participar en las elecciones vive en el extranjero, un porcentaje que hace diez años solo alcanzaba el 17,4 %. Ourense aporta al censo exterior en la actualidad 88.270 personas, por 137.147 A Coruña, 114.104 Pontevedra y 55.818 de la provincia de Lugo.

Desde el exterior exigen más democracia y representación

Existe expectación ante el cambio de la ley prometido por PP y PSOE

La representación de la diáspora está cansada de exigir el mismo trato electoral que se da al resto de la ciudadanía, pero advierte de que no cejará en su empeño por restituir un derecho que considera le ha sido robado. Desde que en marzo del 2010 La Voz de Galicia desveló la intención de PSOE y PP de limitar la participación de la emigración en las elecciones, protestas y recursos se han sucedido en el exterior, pero hasta ahora sin éxito. Su exclusión de las municipales desde el año pasado y la exigencia de que rueguen su participación en los comicios autonómicos y generales parecía haber apartado definitivamente a la emigración de las urnas, pero certificado el fracaso de la medida, la emigración vuelve a la carga tras aceptar tanto populares como socialistas llevar a cabo una nueva reforma de la ley electoral para después de las autonómicas gallegas.

«La clase política ya sabía que con sus trabas a la ciudadanía exterior en las elecciones nuestra participación iba a ser casi inexistente, como luego sucedió», se lamenta Francisco Ruiz, presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Comedido en sus valoraciones, Ruiz abandona esa postura a la hora de juzgar la última reforma electoral. «Ha habido maldad democrática en la clase política y ahora vienen con nuevas promesas que no son más que cuentos de la lechera», augura Ruiz. Para él, es descorazonador que el Partido Popular promueva que los vascos que viven fuera de su comunidad puedan votar en sus autonómicas antes de que 1,6 millones de españoles en el extranjero lo vuelvan a hacer en las elecciones locales o al menos no sufran tantos trámites en las demás citas.

Caída en la participación

Antes de la reforma electoral, la media de participación en los comicios generales rondaba el 30 % entre la emigración y el 15 % en las municipales. Tras el cambio de reglas, solo el 10 % del censo exterior participó en la elección de las Cortes, el 7,1 % lo hizo en las andaluzas y solo el 3,3 %, en las votaciones asturianas.

«Eso es un desastre democrático. En lugar de intentar que les vote el mayor número de personas, han conseguido lo contrario», apunta el máximo representante del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

«Creo que hemos retrocedido treinta años y nosotros lo advertimos con nuestros informes, que los padres de la patria no han tenido ni la cortesía de contestarnos», añade Francisco Ruiz.

Algo más esperanzado con la nueva reforma de las condiciones electorales prometida, que podría conllevar la desaparición o simplificación del voto rogado, se muestra José Gabriel Gasó, portavoz de la Plataforma contra la Privación del Derecho de Voto. «Ya no estamos hablando de una ciudadanía desarraigada, sino de la nueva emigración, la que están protagonizando masivamente los jóvenes de entre 20 y 40 años, que se siente completamente integrada en su tierra de origen y su perspectiva fuera es temporal», reflexiona para exigir que la clase política no rompa los lazos con ese nuevo contingente. «La reforma no fue ética, ni política ni democráticamente», añade, para reclamar una rectificación.

Complicados trámites

El debate para llevar a cabo el cambio de la ley electoral debe ser también aprovechado a juicio de Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración, para dar cabida a los inmigrantes, al menos en los comicios locales y autonómicos sin necesidad de acuerdos entre países y complicados trámites. «Nas últimas municipais en Santiago só votaron 24, e 7 en Ames», recuerda para dar cuenta de las dificultades que los foráneos encuentran para votar y su consecuente desmovilización.

«Quen paga impostos ten dereito a esixir e a ser representado», clama Fernández, quien además advierte sobre el creciente sentimiento de criminalización que soporta el inmigrante a causa de los efectos derivados de la crisis económica. «É o momento de favorecer a súa integración», concluye.

El contingente de retornados supera al de nuevos emigrados en el último año

Pese a que los efectos de la crisis está haciendo repuntar el éxodo de gallegos hacia el extranjero, el número de personas que han retornado a Galicia desde el exterior supera al de los que han tomado el camino contrario. La radiografía censal del último año refleja que mientras 3.425 personas pasaron del censo electoral interior al habilitado para agrupar a los que viven en otros países, otras 5.055 regresaron a vivir a su comunidad de origen desde el extranjero.

El balance vegetativo en el exterior es en cambio positivo en lo que se refiere al número de altas de menores que han cumplido la edad mínima para poder votar, cifrado en 4.386 casos durante el 2011, mientras que las bajas consignadas en el CERA por defunciones alcanzaron otros 1.364.

En el conjunto del Estado, el volumen de residentes en el exterior suma 1.550.827 personas, lo que representa el 4,32 % del censo total.

El número de residentes con derecho a voto cae en 3.500 en menos de cuatro años

Lo que da todavía una mayor trascendencia a la evolución del censo exterior de Galicia es la tendencia negativa que en cambio registra el listado de posibles votantes en el interior. Mientras el CERA se dispara, el número de censados residentes en Galicia cayó en 3.519 personas desde la última cita autonómica del 2009.

Desde entonces, prácticamente solo la provincia de Pontevedra ha contribuido a evitar un desplome mayor del censo, al sumar 6.151 altas, por tan solo 164 de A Coruña. La caída es en cambio imparable en las dos provincias orientales, al bajar en esos casi tres años y medio en 5.477 personas en Lugo y en otras 4.357 en Ourense. Ambas provincias han visto desaparecer en conjunto de su censo electoral interior en los últimos diez años a 30.102 residentes, mientras que las dos atlánticas sumaron al conjunto del cuerpo electoral de la comunidad 39.476, diferencia que permitía mantener en números positivos la evolución de la bolsa de posibles votantes.