Sanitarios y agentes de la Guardia Civil atienden a un joven llegado en una patera. / la opinión 

El Consejo de Enfermería ya alertó ayer a los profesionales de este ramo de que es "inviable jurídicamente" dar cobertura sanitaria a los 'sin papeles' si lo prohíbe la ley. Eso sí, fuera de su jornada laboral proponen habilitar consultas para atenderlos de forma altruista

AGENCIAS| MADRID El número de sanitarios que quieren declararse objetores y atender a los inmigrantes sin papeles pese a que el Ministerio de Sanidad los excluya del sistema no deja de crecer. Eso sí, médicos y enfermeros no lo tendrán nada fácil. Si el pasado miércoles eran los facultativos los que reconocían que habrá dificultades para someter a estos pacientes a ciertas pruebas o para conocer su historial médico al quedar sus tarjetas desactivadas, ayer era el Consejo de Enfermería el que ponía trabas a la objeción.

Los servicios jurídicos del Consejo General de Enfermería advirtieron ayer sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España. Por ello, tratar a inmigrantes en situación irregular puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva, señalan sus representantes. Desde el Consejo se aclara que el Ministerio de Sanidad es la única entidad estatal con plena competencia para decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos. Por ello, cuenta con la potestad de acudir al Estado de Derecho y así hacer cumplir dichas normas si no se acata la obligación de los sanitarios de seguirlas.

De todas formas, el Consejo confirma que va a proponer a los colegios provinciales, a través de su Asamblea General, la posibilidad de establecer consultas de enfermería en sus sedes "para que estos enfermeros puedan prestar de forma altruista, y fuera de su jornada laboral, su asistencia sanitaria a esta población afectada".

Por otra parte, ayer continuaron las muestras de rechazo a la propuesta del Gobierno de dejar sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares. La Asociación General de Consumidores, Asgeco Confederación considera que las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad "se ceban" con las personas más vulnerables, y ha pedido al Gobierno que las reconsidere. Según la entidad, esto supone "un paso más hacia el fin de la gratuidad y universalidad de uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar".

En la misma línea, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, avisó ayer a al Gobierno central de que la salud no puede "mercantilizarse" y recordó que está "rompiendo" el principio de la universalidad de la sanidad con las medidas de recorte sanitario que está aplicando. "Estas medidas están afectando de forma directa a los colectivos más vulnerables y con riesgo de exclusión social", señaló y que, según puntualizó, "conviven" todos los días con los ciudadanos españoles.