El padrón continuo es un registro administrativo donde teóricamente deberían estar registrados todos los ciudadanos (españoles y extranjeros) que residen en España la mayor parte del año. Su primer objetivo es estadístico para conocer en todo momento cuántas personas residen en España. Su contenido y los requisitos necesarios para la inscripción están regulados por ley y todos los residentes en España tienen el derecho y el deber de empadronarse en el municipio donde residan la mayor parte del año.

El padrón es propiedad de los Ayuntamientos, que deben comprobar la veracidad de la identidad y residencia de los empadronados, y la labor de coordinación del INE consiste en contrastar los datos que mensualmente envían los ayuntamientos detectando los fallos en altas y bajas y las posibles duplicidades entre los diferentes municipios. Esta labor de coordinación es la que permite al Consejo de Empadronamiento proponer al Gobierno las cifras oficiales de población para su aprobación por el Consejo de Ministros. Los últimos datos oficiales referidos al 1 de enero de 2009 son de 46.661.950 residentes, de los que son extranjeros 5.598.691, lo que equivale al 12% del total. Cifra que no incluye los ciudadanos de origen extranjero pero ya nacionalizados españoles.

Dichos datos tienen una utilidad estadística imprescindible, ya que se utilizan estadísticamente como marco poblacional para todas las estadísticas muestrales oficiales y exigidas por la Unión Europea, así como para la realización de previsiones poblacionales (planes de pensiones). Si los datos careciesen de parte de la información sobre extranjeros residentes en el país, como es el caso de los mal llamados sin papeles, es decir, sin permiso de residencia o de trabajo, todas las cifras estadísticas de interés económico en que interviene la variable población (empleo, paro, PIB per cápita, etc.) se verían desfiguradas. Por eso durante la última década los Ayuntamientos y el INE han hecho un gran esfuerzo por mejorar esta información. Esta desvirtuación de las cifras es lo que ocurre en países como Italia, en los que no se cuentan entre la población oficial los extranjeros sin permiso de residencia. Por el contrario, el padrón español, así como la EPA, para la que es utilizado, están estadísticamente muy bien valorados en la Unión Europea.

El intenso crecimiento de la población extranjera residiendo en España ha aportado beneficios en la fase expansiva de crecimiento, pero actualmente siguen entrando extranjeros que en principio vienen con visado de turistas (normalmente de tres meses) pero después se quedan en busca de trabajo de forma irregular, es decir, sin permiso de trabajo. El análisis de la situación de estos inmigrantes es complejo por su diversidad. No es justo meter a todos en la misma categoría: existen mafias de delincuentes, pero son muchos más los que trabajan honestamente aunque no hayan conseguido el permiso reglamentario. Existen casos de residir durante años en España trabajando irregularmente (servicio doméstico) y no haber conseguido el permiso de trabajo.

Durante la fase expansiva, los Ayuntamientos, además de la financiación recibida de acuerdo con su población oficial, disponían de otros medios de financiación a través de las licencias de obras y otras tasas. También han desaparecido algunos impuestos cedidos. El plan de ayuda obtenido durante 2009 ha estado dirigido a la realización de obras rápidas con creación de empleo, pero no ha solucionado sus problemas con los gastos corrientes. En el de 2010 puede utilizarse sólo una parte de las ayudas para paliar la falta de financiación. Pero, en relación con la población inmigrante, la Constitución Española asegura la atención sanitaria y la educación de todas las personas que residan en el país y por tanto los ayuntamientos se enfrentan con un conflicto por la necesidad de prestar estos servicios sin tener la suficiente financiación.

Por tanto, en mi opinión, habría que distinguir en el debate actual la posible modificación de la legislación entre la necesidad y utilidad del padrón continuo y su utilización en las políticas económicas y sociales respecto a la inmigración. Los problemas no se resuelven escondiendo la cabeza como los avestruces, sino poniendo remedio a las deficiencias reformando aquello que no funcione bien. Si España quiere asegurar la atención en sanidad y educación a todas las personas residentes, las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas deben poner los medios para conocer con seguridad la residencia de los beneficiarios y dar la suficiente financiación a las instituciones, en este caso los ayuntamientos, responsables de atender esas obligaciones.