No empadronar a los inmigrantes ilegales "cuestiona sus derechos básicos" y "no puede permitirse", según UGT

   MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -


   La decisión por parte del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular en España "cuestiona los derechos básicos" de estas personas como el acceso universal a la sanidad y a la educación y es un logro en el que "no pueden permitirse cuestionamientos ni pasos atrás", según indicó UGT.

   Este sindicato lamenta que polémicas como ésta "haya sido aprovechada" para poner en cuestión los derechos de los extranjeros que viven en este país "dando una visión sesgada de la realidad" --"cuando no directamente falseada"-- y reclamar otra reforma de la Ley de Extranjería, todo ello, aseguran desde UGT, "con la finalidad de recabar votos en los distintos procesos electorales".

   En concreto, esta agrupación recuerda que el Padrón Municipal es un registro administrativo que no genera derechos pero que sí permite, "como al resto de vecinos", cumplimentar requisitos necesarios para hacer efectivos derechos básicos y fundamentales en un Estado de Bienestar Social". Asimismo, elude a que estas personas tienen los derechos fundamentales reconocidos por la normativa en materia de extranjería, "tal y como en su momento sentenció el Tribunal Constitucional".

   Además, afirma que los "argumentos demagógicos" vertidos estos días en torno a la iniciativa de Vic "vienen a cuestionar en realidad la pertenencia de la población extranjera a la sociedad española, incluidos los residentes con autorización".

   Por todo ello, UGT manifiesta que la reciente reforma de la Ley de Extranjería "no anula en modo alguno" la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos quienes habiten en sus municipios, que el padrón "no es un instrumento de lucha contra la inmigración irregular" y, "menos aún, un medio de lucha contra la población inmigrante irregular" y que "tan vecinos de un municipio son las personas nacidas en España como en otro país", concluyó el sindicato.