Los inmigrantes confían en que Vic retire el veto a los «sin papeles»

El Consistorio recibe  hoy el informe jurídico que determinará si se tira hacia adelante la polémica iniciativa.

Hoy es una día clave para los ciudadanos de Vic. Tal y como avanzó el pasado viernes el alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU),  hoy recibirán el informe jurídico encargado al despacho de Roca i Junyent que demostrará si no empadronar a inmigrantes «sin papeles» es legal. Además, en función del informe externo el Consistorio hará también hoy una pregunta al Gobierno sobre la legalidad de su acción. Ambas respuestas determinarán si la polémica del Ayuntamiento sigue viento en popa o  queda en una descabellada idea que centró la atención mediática de este tranquilo municipio que destapó el debate de la inmigración.
«La mayor parte de los inmigrantes estamos tranquilos ya que la ley es clara, tal y como especifica el artículo 25 de la Ley de Extrangería esto no es legal», considera el presidente de las asociación de ecuatorianos de Osona, Carlos Ordóñez. «Estamos muy seguros de que no va salir hacia adelante ya que el Gobierno ya se ha pronunciado y lo tienen claro», afirma Ordóñez, que el pasado viernes estuvo con una quincena de asociaciones en una reunión urgente con el gobierno municipal para debatir sobre esta propuesta. En el encuentro el alcalde se comprometió a reunirse con ellos hoy, con el dictamen jurídico en mano, así como acatar lo que diga el Gobierno.
«Esperaremos a ver qué pasa el lunes, ya que el alcalde ha dicho que del informe y de la respuesta del gobierno dependerá todo», avanzó el viernes a la salida de la cita el delegado de UGT en Osona, Cesc Poch. «Ésta puede ser una salida digna para el alcalde», augura Poch.
Aunque la propuesta no salga hacia adelante ya se ha convertido en un «polvorín» que pone en riesgo la convivencia vecinal de Vic. «Esto puede generar un malestar cívico», opina Ordoñez.
Tal y como se comprometió el equipo de gobierno, hoy a las 18.00 horas se formará una comisión, formada por cinco entidades cívicas de la ciudad, para debatir sobre los criterios de empadronamiento. Al terminar, las entidades de inmigrantes y cívicas se reunirán con el Consell Comarcal y se les informará detenidamente de la normativa. Con estas dos acciones el gobierno municipal formado por CiU, PSC i ERC abre las puertas al diálogo con los inmigrantes, algo que no había hecho hasta el pasado viernes.